Cuestionó que además de crímenes hay estigmatización por parte de funcionarios
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Un duro pronunciamiento hizo ayer la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la violencia que se mantiene contra los defensores en diferentes regiones y la creciente estigmatización, incluso por parte de funcionarios públicos, de una labor que este organismo juzgó es vital para la democracia. Por ello reiteró al Gobierno la necesidad de avanzar en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cargo de Todd Howland, dijo en un comunicado que “observa con profunda preocupación la persistencia de casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en el territorio nacional. Y rechaza la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de su labor, tanto en pronunciamientos públicos, como en acciones que obstaculizan su trabajo”.
La Oficina de ONU reitera que ser defensor de derechos humanos es una labor legítima, necesaria y fundamental para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y la construcción de una paz sostenible.
Explicó que recientemente, miembros del Congreso de la República descalificaron a los defensores que fueron escogidos como magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, “impidiéndoles posesionarse de sus cargos por el hecho de haber representado víctimas en el pasado, lo que muestra el irrespeto a su labor y profundo desconocimiento de lo que significan las reglas del Estado de Derecho”.
Agregó que otros altos funcionarios públicos han “declarado recientemente a los medios que los asesinatos de defensores y líderes sociales en el país son debidos a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas. Esto es muy peligroso ya que parece querer justificar asesinatos que en ningún caso son justificables”.
Dijo también que de acuerdo con trabajo que ha realizado en terreno, la Oficina ha verificado durante este año y hasta hoy 20 de diciembre, en el caso de defensores de derechos humanos y líderes un total de 105 homicidios, incluidos: 73 asesinatos de líderes, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Además la Oficina tiene otros 11 casos más en proceso de verificación.
Los casos de homicidios de líderes y defensores han ocurrido en zonas de las cuales salieron las Farc, y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada; y por ejercer labores de defensa de los derechos humanos tales como: denunciar u oponerse a la existencia de economías ilícitas y el accionar de la criminalidad; reivindicar derechos propios o colectivos; apoyar políticas derivadas del Acuerdo de Paz y por conflictividad. Como se puede observar, su labor en la defensa de los derechos de todas las personas fue determinante con las agresiones que sufrieron.
Asegura la misión de ONU que en un 59% los asesinatos de líderes y lideresas fueron perpetrados por sicarios.
Acciones
El pasado martes el presidente Santos anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema para combatir con mayor efectividad la comisión de homicidios de líderes sociales, que contempla reforzamiento de las alertas tempranas y la presencia de más de 60 mil miembros de la Fuerza Pública en los territorios de más alto riesgo.
De igual forma ayer, luego del llamado de atención de la Procuraduría al Gobierno por la inseguridad en las zonas dejadas por las Farc, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció nuevas medidas para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en esos territorios.
“Fue presentado el plan que va a ser la estrategia a través de la cual, a partir del año 2018 va a empezar a actuar la Fuerza Pública, fundamentalmente en aquellos territorios que en el pasado fueron de operación de las Farc, esta será una estrategia de mayor presencia y sobre todo de estabilización del territorio”, dijo el Ministro.