Un nuevo fallo emitido por el Juez Segundo Civil Especializado en Restitución de Tierras le restablece los derechos patrimoniales a 22 familias víctimas de despojo a manos de los paramilitares, con la devolución de 164 hectáreas de la hacienda Las Tangas.

Estas familias obtuvieron predios de la representativa hacienda a través del proceso de contrarreforma agraria privada liderada por los Castaño a finales de los 90.

De acuerdo con la información suministrada por la Unidad de Restitución de Tierras, la hacienda Las Tangas es sin lugar a dudas la de mayor importancia histórica en el proceso de formación, consolidación y subsiguientes transformaciones del proyecto paramilitar de la casa Castaño.

Este predio fue adquirido por Fidel Castaño en 1983, a través de la compra realizada por la sociedad Las Tangas Ltda, convirtiéndose en el epicentro de sus acciones delictivas. Años después, la hacienda formó parte de los terrenos que fueron entregados en la reforma agraria propuesta por el Clan Castaño, con la que supuestamente buscaban resarcir el daño causado por el grupo armado que lideraban.

Tras la desaparición de los Castaño, Diego Fernando Murillo, alias don Berna, comandante del grupo Héroes de Tolová, inicia un proceso de desplazamiento campesino en la zona, solicitando a través de la intimidación, por medio  de acciones terroristas evidentes, la negociación de los predios donados por la fundación años atrás.

En las jornadas de recolección de información realizadas por la Unidad, los solicitantes afirmaron que hubo un uso efectivo de violencia, por medio de intimidaciones verbales y amenazas contra los propietarios de los predios, incluso algunos de manifestaron  haber presenciado o haberse enterado de asesinatos.

Para legitimar el despojo, Murillo creó la empresa unipersonal Seguridad al Día, la cual figura como gran concentradora de las propiedades que les fueron arrebatadas a los campesinos.

De acuerdo con las pruebas testimoniales y documentales que presentó la Unidad de Restitución, Dirección Territorial Córdoba, en la demanda interpuesta el pasado 10 de abril, el juez determinó nulidad en los negocios jurídicos que fueron realizados, ya que  adolecen del consentimiento de las víctimas que participaron en ellos.

Además, el juez señala presunción de derecho, dado que estas transacciones fueron realizadas con personas que guardan algún vínculo con Funpazcor y en la actualidad figuran bajo el dominio de una de las empresas fachadas creadas para hacer una aparente legalización de la compra y venta de los predios que fueron obligados a negociar los campesinos, obteniendo como pago valores muy por debajo del precio real de las tierras.