En primera instancia fueron sancionados cuatro servidores públicos del Consejo de Estado y una funcionaria de la Procuraduría por suministrar información reservada de procesos.

Carlos Arturo Fernández Trujillo, auxiliar judicial III de la Sección Quinta del Consejo de Estado, y Edilberto Samuel Casas Rojas, escribiente de la Sección Primera de este organismo, fueron destituidos e inhabilitados por 15 y 14 años respectivamente, por brindar información en casos de diputados de La Guajira.

Por 13 años quedó también inhabilitada Esmeralda Muñoz Collazos, funcionaria de la Procuraduría, por entregar datos sobre el proceso relacionado con el gobernador de La Guajira.

Estas faltas disciplinarias se relacionan con hechos irregulares al interior de ambos organismos, situación que fue puesta en conocimiento de la ciudadanía.