Proferir fallo condenatorio en contra de 21 personas que habrían incurrido en las conductas punibles de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica cometidos en contra de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en el Chocó, solicitó la Fiscalía Cuarta Especializada de la Unidad de delitos contra la Desaparición y el Desplazamiento Forzado al Juzgado Quinto Especializado Adjunto de Medellín.

Entre las 21 personas investigadas están representantes legales y socios mayoritarios de las empresas palmeras e integrantes de la organización paramilitar Casa Castaño, quienes fueron los encargados de ubicar las tierras, efectuar los despojos de manera ilegal e instalar las empresas en Bajirá, zona de  Curvaradó y Jiguamiendó.

Como resultado de estas investigaciones se ha logrado la sentencia condenatoria a 11 individuos, entre exjefes paramilitares, abogados y civiles. De estas condenas, y ante el inmenso caudal probatorio recaudado, varios acusados se sometieron a sentencia anticipada, otros llegaron a juicio oral donde se estableció su responsabilidad en los delitos imputados por el ente acusador.

La Fiscalía, ahora iniciará la segunda fase de esta investigación, dirigida en contra de más de 40 personas. Todos los esfuerzos están encaminados a establecer la responsabilidad de por los menos cinco empresas bananeras y ganaderas, de servidores públicos entre los que se cuentan notarios, funcionarios de las oficinas de instrumentos públicos, de Corpochocó, Corpourabá y de otros paramilitares aún por identificar y que habrían participado en el despojo de tierras y desplazamiento de los habitantes de las mencionadas cuencas.

A la fecha, se ha ordenado la vinculación al proceso de 72 personas incluyendo las ya condenadas y se hará lo propio con por lo menos 20 más.