El artículo 48 de la Constitución prohíbe categóricamente utilizar recursos de estas instituciones para fines diferentes a los que tienen, dijo.
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La propuesta del Gobierno nacional de descapitalizar el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) en 500.000 millones de pesos podría ir en contravía de la Constitución, estimó el contralor general Edgardo Maya.
Esa norma, incluida en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2018, contrariaría específicamente el artículo 48 de la Constitución, que expresa textualmente que “no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella”.
De acuerdo con el contralor Maya, el FNA está legalmente constituido como una entidad de seguridad social y, por esto mismo, sus recursos tienen una destinación específica.
Así lo establece el parágrafo del artículo 4º de la Ley 432 de 1998, cuando expresa que “por ser el Fondo Nacional de Ahorro una entidad de seguridad social, no se podrán destinar ni utilizar sus recursos, utilidades y rendimientos o excedentes financieros para fines distintos a su objeto y funciones”, recordó Maya.
“Si el legislador dejó expreso el destino que deben tener los recursos del Fondo, lo hizo precisamente porque los recursos de la seguridad social en Colombia tienen rango constitucional”, argumentó el organismo de control.
Es la propia Carta Magna la que prohíbe que los recursos del sistema sean utilizados a otro tipo de actividades, pues de otra manera se pondría en riesgo el derecho fundamental de la seguridad social, agregó.
“Contrario a lo incluido en el proyecto de Ley de Presupuesto, la Ley 432 de 1998 no considera que los recursos del Fondo puedan destinarse a otros fines, aún en el evento en que no se afectan las cesantías y los ahorros de los afiliados, pues no se trata de una norma potestativa en la cual el operador tenga la libertad de valorar los efectos de su decisión. Por el contrario, se trata de una prohibición categórica que no admite interpretación”, subrayó.
“Adicionalmente, si bien los indicadores financieros del Fondo Nacional del Ahorro se encuentran en niveles óptimos o superiores a los exigidos por las autoridades de regulación, y probablemente la descapitalización no los afecte significativamente, nada permite suponer que esto sea razón suficiente para desatender la orden constitucional”, concluyó el análisis de la Contraloría sobre el tema citado por Maya.
La propuesta de descapitalización del FNA, sin afectar las cesantías y los ahorros de los afiliados, fue incluida, como un artículo nuevo (artículo 104), en el primer debate al Proyecto de Presupuesto 2018 que realizaron las Comisiones Económicas Conjuntas.
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