Casi sin excepción los venezolanos sienten que las columnas vertebrales del Estado se resquebrajan de manera peligrosa y la estructura institucional amenaza hacer implosión. Los analistas más objetivos consideran que el Gobierno está mal asesorado y que las medidas que toma para atornillarse al poder son, precisamente,  las que más agudizan la crisis general de la nación. En materia económica se han presentado tantos dislates, que pareciera que los encargados de manejarla fueran enemigos del régimen y buscan su mayor descalabro. Prueba de ello la más reciente medida del presidente Nicolás Maduro, al aumentar en un alto porcentaje el salario mínimo en un país con la inflación más alta a nivel mundial. Ese reajuste de inmediato provocó un alza de los escasos alimentos y productos de primera necesidad, en tanto que las empresas que de milagro todavía sobreviven a la crisis, se ven forzadas a despedir más empleados, ya que el costo de la nómina les resulta impagable. A mayo de este año la deuda de Venezuela, según datos oficiales, sobrepasaba los $150.000 millones de dólares, en tanto que los ingresos de la Nación por concepto de divisas petroleras e impuestos siguen en caída libre.

Una de las evidencias de la crisis económica se hace patente en la forma en que muchos particulares y funcionarios tratan de sacar sus capitales fuera del país, previniendo una insolvencia del sistema financiero local. Paralelo a ello, la corrupción en las instancias oficiales parece no tener límites e incluso está aupada por el temor del oficialismo a que triunfe el refrendo revocatorio presidencial que impulsa la oposición. Se rumora que ha surgido entre un sector de dirigentes y servidores públicos, de distinto nivel, la urgencia de lucrarse a como dé lugar en estos últimos meses ante el riesgo de ser sacados del poder. La desaceleración productiva no se puede detener y los índices de desabastecimiento de víveres y medicinas no disminuyen sustancialmente en un país con altos porcentajes de desempleo y una inseguridad rampante en lo urbano y lo rural.

Quizá por esas mismas circunstancias es que avanza cada vez más el Gobierno en el sendero de convertirse en una satrapía dictatorial, con la pretensión de someter a un pueblo hambriento, desesperado y cada vez más cerca de la sublevación general. Incluso algunos analistas locales no dudan en concluir que Venezuela se encamina a un régimen una tendencia estalinista que pretende gobernar contra el pueblo, como en su tiempo lo recomendaban Marx y Engels.

No sería en este caso la ‘dictadura del proletariado’, sino una dictadura partidista soportada en el respaldo de las Fuerzas Armadas y las milicias populares al chavismo. Así, las tesis del llamado “socialismo del siglo XXI” de llegar al poder por medio de elecciones libres y mantenerse por ese mismo sistema, se sustituye ahora por la de quedarse en el Gobierno por la fuerza, así ello implique desquiciar el sistema del equilibrio de poderes y los cánones democráticos más básicos.

Hoy en Venezuela el sistema judicial, el cuerpo electoral y el Ejecutivo han constituido un frente antidemocrático que se niega a cumplir con el mandato de ir a un referendo revocatorio este año. Incluso, tras múltiples maniobras dilatorias y acomodaticias ahora se pretende aplazar esa cita en las urnas para 2017, lo que implicaría que aun cayéndose Maduro, uno de los suyos asumiría el poder. En esa empresa continuista desesperada, el Gobierno sabe que existe el riesgo de que el sistema institucional se derrumbe en forma paralela a un creciente desbarajuste de la economía en el que no se descarta la moratoria de pagos internos y externos.

La contradicción fundamental es que al desconocer la voluntad del constituyente primario y reprimir constantemente a las masas opositoras en las calle, así como al anular de manera ilegal las decisiones de la Asamblea Nacional, la esperanza de un cambio pacífico de gobierno y de una negociación entre oficialismo y oposición se esfuman.

No se descarta que en cualquier momento, lamentablemente, se pueda presentar una implosión del mismo régimen. Pese al ambiente tan polarizado, hasta el momento las multitudinarias manifestaciones de la oposición en las urbes y los campos venezolanos se han efectuado en relativa calma, mientras crece el número de jefes políticos contrarios al Gobierno que son conducidos a prisión.

El descalabro político, institucional, económico y social de Venezuela parece ser cada día mayor, sin que la comunidad internacional se mueva efectivamente para desactivar esta bomba de tiempo.