La norma establece que las inscripciones duran un mes y deben iniciar cuatro meses antes de las elecciones.

 

La ampliación en el plazo que autorizado para modificar la inscripción de cerca de 217 listas para los comicios regionales de este año, porque no cumplían con el porcentaje de género, no tendría sustento legal y podría terminar en demandas ante el Consejo de Estado más adelante.

Así lo considera el senador risaraldense Carlos Enrique Soto, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), quien preside la Comisión Especial de Vigilancia del Organismo Electoral. “A mí juicio no hay ningún artículo en la Constitución, en el Código Electoral ni en la Ley 1475, que son las que rigen este proceso. Yo pienso que no era procedente, no tenían por qué ampliar el plazo después de que se había cerrado el 18 de agosto para hacer las correcciones correspondientes”, dijo.

El legislador prevé que por este hecho pueden sobrevenir demandas después de las elecciones del 30 de octubre, cuando ya varias de las personas que fueron inscritas por los diferentes partidos y movimientos políticos hayan sido elegidas. “Alguien en Colombia que se sienta afectado con cualquiera de esas 217 listas va a demandar”, expresó.

Incluso, el congresista dijo que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Joaquín José Vives “se apartó de esa decisión. Tengo información muy seria de que él se apartó de esa decisión, él no votó a favor de esa decisión”. 

El 9 de septiembre pasado la Registraduría remitió al CNE para su anulación 217 listas inscritas por diferentes partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, para Concejos y Juntas Administradoras Locales, porque no cumplieron con el porcentaje de 30 por ciento de mujeres, en los términos que establece la ley estatutaria de la Reforma Política.

Según la Ley 1475 de 2011, “las listas donde se elijan 5 ó más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30 por ciento de uno de los géneros”.

Sin embargo, el 15 de septiembre el CNE decidió dar plazo hasta el 30 de septiembre a estas listas para que se reconformaran, de manera que cumplieran con la exigencia de 30 por ciento de la participación de género. 

Para tomar esa decisión, el CNE tuvo en cuenta que algunas de las 217 listas en discusión sí cumplían con la cuota de género de 30 por ciento al cierre de las inscripciones el pasado 10 de agosto; sin embargo, este porcentaje disminuyó el 18 de agosto, hasta cuando según el calendario electoral se podía hacer modificaciones, porque algunas mujeres renunciaron a ser candidatas.

La Ley 1475 establece que “el período de inscripción de candidatos y listas a cargos y corporaciones de elección popular durará un mes y se iniciará cuatro meses antes de la fecha de la correspondiente votación”. Es decir que el cierre de inscripciones para las elecciones territoriales de este año vencía en agosto.

Aunque la Ley 1475 permite la inscripción de reemplazos de candidatos fallecidos, incluso ocho días antes de las elecciones.

Trashumancia 

El presidente de la Comisión Especial de Vigilancia del Organismo Electoral también hizo observaciones a la forma como se ha combatido la trashumancia para estos comicios, que ha permitido que cerca de 500 mil inscripciones fueran anuladas.

“¿Por qué lo digo? En Dosquebradas, Risaralda, por ejemplo, usted vivía en una zona y se fue a vivir a otra, y de una vez quedaba anulada esa inscripción. Entonces yo siento que no hubo un cuidadoso análisis desde ese aspecto, y los ciudadanos no tienen por qué pagar las ligerezas de nosotros los hombres públicos”.

Soto, poniendo nuevamente al municipio de Dosquebradas como ejemplo, dijo que allí fueran anuladas 10.953 inscripciones, y de esas solamente reclamaron 263 personas. Según él, esa baja cifra de reclamaciones se presentó porque las personas prefieren no votar, antes de tener que sacar un certificado de vecindad, además del tiempo que les lleva este proceso de reclamación.