Colombia anunció ayer que la nueva delimitación marítima con Nicaragua, establecida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2012, será inaplicable hasta que haya un tratado entre los dos países, en un nuevo gesto de rechazo a ese fallo judicial.
"El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución", dijo el presidente Juan Manuel Santos en una alocución de radio y televisión.
"Como jefe de Estado defenderé esta posición en las instancias nacionales e internacionales que corresponda", dijo el mandatario colombiano, quien anticipó que tratará el asunto por las vías jurídicas y diplomáticas.
Santos explicó así que la Constitución colombiana establece que los tratados que modifiquen las fronteras o límites del país "deben ser siempre aprobados por el Congreso".
En noviembre de 2012, la CIJ resolvió un litigio limítrofe entre Nicaragua y Colombia, reconociéndole a Bogotá la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los islotes y cayos adyacentes, pero otorgándole a Managua unos 75.000 km2 de mar.
Aunque Nicaragua asegura que con el nuevo trazado obtuvo la ampliación en más de 90.000 kilómetros cuadrados de su plataforma continental en el Caribe.
La nueva frontera definida por la CIJ dejó, además, a la reserva de Seaflower -que alberga uno de los arrecifes coralinos más extensos del mundo- dividida entre ambos países, aunque la mayor parte está en territorio colombiano.
Sobre Seaflower, que abarca el Archipiélago de San Andrés y 349.800 kilómetros cuadrados de mar, Santos rechazó la pretensión de Nicaragua de que la Unesco le reconociera mayores derechos sobre la reserva y anunció medidas jurídicas y diplomáticas para "reafirmar la protección de la reserva".
Colombia, que desde el momento en que salió la decisión de la CIJ se declaró inconforme, estudió en los últimos meses las alternativas para proteger su territorio y oponerse al fallo, que es en principio inapelable.
Nicaragua, por su parte, declaró en mayo que estudiaba la posibilidad de promover otra demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia para reclamar la totalidad de las 200 millas de plataforma continental a las que considera que su país tiene derecho en el Caribe.
Al respecto, Santos dijo este lunes que esa pretensión de Nicaragua es "completamente inaceptable", a la vez que anunció la emisión de un decreto que señala que la plataforma continental del archipiélago de San Andrés "se une incuestionablemente" con la plataforma de la costa caribe colombiana.
"Esto hace que tengamos una plataforma continental continua e integrada desde San Andrés hasta Cartagena sobre la cual Colombia tiene y ejercerá los derechos soberanos que nos otorga el derecho internacional. Así, de forma clara, tajante y contundente, cerramos la puerta a los ánimos expansionistas de Nicaragua", dijo.
Adicionalmente, el presidente colombiano anunció acciones conjuntas con otros países caribeños para protegerse ante las acciones de Nicaragua.
"Junto con otros países vecinos de Nicaragua que también están siendo afectados por sus ambiciones expansionistas, como son Panamá, Costa Rica y Jamaica, suscribiremos una carta de protesta que entregaré este mismo mes, personalmente, al secretario general de Naciones Unidas en Nueva York, cuando intervenga en su Asamblea General", añadió Santos./AFP
Abecé de la estrategia
Medidas inmediatas
El Gobierno diseño y puso en marcha un plan de inversiones sin precedentes en beneficio de los sanandresanos, con programas en materia de salud, de educación, de vivienda, de tecnología, de infraestructura y de energía, y fortaleció la protección y el apoyo a la comunidad pesquera. Estas inversiones, que duplican la inversión anual histórica en este departamento, ya son una realidad y se vienen ejecutando a buen ritmo.
También denunció el Pacto de Bogotá. Es decir, Colombia se retiró de este tratado que reconoce la jurisdicción de la Corte de La Haya.
Frente al fallo
El Gobierno definió una estrategia jurídica y política para reforzar y consolidar los derechos de los colombianos sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Con el apoyo de reconocidos abogados nacionales y extranjeros, diseño una estrategia integral.
Fallo inaplicable
El Presidente juró defender y hacer cumplir la Constitución de Colombia.
Dentro de sus deberes constitucionales está el de proteger y garantizar los derechos de los colombianos, defender nuestras fronteras y honrar los tratados que Colombia ha suscrito con otros Estados.
El artículo 101 de nuestra Carta dice que “los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República”.
La Corte Constitucional ha sostenido que los tratados que se refieren a las fronteras y límites de Colombia deben ser aprobados por el Congreso.
En consecuencia, la posición del Gobierno es la de que el fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable –y no será aplicable– hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución.
El Presidente acudirá a las vías jurídicas procedentes para reafirmar que los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados automáticamente por un fallo de la Corte de la Haya.
El Presidente, como Jefe de Estado, como Jefe de Estado defenderá esta posición en las instancias nacionales e internacionales que corresponda.
Zona Contigua Integral
Tanto el derecho nacional como el derecho internacional les reconocen a todas las islas y cayos del Archipiélago unas áreas marítimas muy importantes: el mar territorial y la zona contigua.
Por eso, con base en las leyes colombianas y teniendo en cuenta principios claros de derecho internacional, se expide un decreto con los derechos de jurisdicción y control que reconoce el derecho internacional sobre dichas zonas.
Se declara la existencia de una Zona Contigua Integral, a través de la cual se unen las zonas contiguas de todas las islas y cayos en el mar Caribe Occidental, desde Serranilla al norte y Alburquerque al sur, en la cual se ejerce plena jurisdicción y control.
Esta área integral permite administrar adecuadamente el Archipiélago y sus aguas aledañas –como archipiélago y no como territorios inconexos–, controlando la seguridad en la zona y protegiendo nuestros recursos y nuestro ambiente.
Se ejercerá jurisdicción y control en la Zona Contigua Integral en todo lo que tiene que ver con asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia, así como en materias fiscales, aduaneras, ambientales, de inmigración y sanitarias, entre otros aspectos.
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es y seguirá siendo un archipiélago completo e integrado, con una presencia activa del Estado en todos sus territorios marítimos.
Seaflower
Se acudirá a todos los medios jurídicos y diplomáticos para reafirmar la protección de la Reserva Seaflower en la que Colombia ha adelantado labores de pesca desde hace siglos.
Se reafirma el gran valor ecológico para el Archipiélago y para el mundo de esta área que fue declarada por la Unesco como Reserva Mundial de la Biosfera, y se celebra el pronunciamiento de este organismo en el sentido de que no le corresponde intervenir en desacuerdos entre naciones, en contra de lo que había solicitado Nicaragua.
En el plano interno, se ha impartido instrucciones para avanzar, con toda determinación, en las labores de protección ambiental y social, con el fin de prevenir cualquier afectación o daño a nuestros pescadores y a las aguas vecinas al Archipiélago.
Contener el expansionismo
Nicaragua ha anunciado que acudirá a la Corte Internacional de Justicia para que le reconozca una plataforma continental extendida al oriente del Archipiélago de San Andrés –tal como ya lo hizo durante el proceso que llevó al fallo–, pretendiendo extender la jurisdicción de Nicaragua hasta un punto a tan sólo unas 100 millas de la costa de Cartagena.
Colombia está enfrentando, y va a enfrentar, esas pretensiones expansionistas con toda la determinación y el rigor que se requieren.
Junto con otros países vecinos de Nicaragua que también están siendo afectados por sus ambiciones expansionistas –como son Panamá, Costa Rica y Jamaica– se suscribirá una nota manifestando la preocupación por las intenciones de Nicaragua, nota que el Presidente Santos entregará al secretario general de Naciones Unidas durante la próxima Asamblea General en Nueva York.
El fallo de La Haya desconoce por completo los tratados de límites vigentes con estos países, los cuales son de obligatorio cumplimiento. Ese es otro motivo que NO permite aplicarlo y que obliga a acudir a las vías diplomáticas.
Colombia se opondrá decididamente a las pretensiones expansionistas de Nicaragua ante cualquier instancia internacional, con argumentos técnicos y jurídicos muy sólidos. El Presidente no duda que Colombia tendrá éxito en ese esfuerzo.
El Decreto que se expide también reafirma jurídicamente que la plataforma continental de San Andrés, que se extiende hacia el oriente en 200 millas náuticas, se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana que se extiende hacia el noroccidente y hacia San Andrés en al menos 200 millas. Esto muestra que Colombia tiene una plataforma continental continua e integrada, sobre la cual tiene y ejerce los derechos soberanos que otorga el derecho internacional.
Se cierra la puerta a los ánimos expansionistas de Nicaragua.
Santos anunció cuatro puntos de la estrategia
1
Decidimos que el fallo no es aplicable sin un tratado.
2
Consolidamos nuestro archipiélago a través de la declaración de una Zona Contigua Integral.
3
Avanzamos en la protección ambiental y social de la Reserva Seaflower.
4
Frenamos las ambiciones expansionistas de Nicaragua al declarar la unión de dos plataformas continentales que, juntas, se extienden desde San Andrés hasta Cartagena.
Apoyo interno, silencio externo
“Respaldamos la actitud firme del presidente Juan Manuel Santos en defensa de los intereses de Colombia en el mar Caribe, a propósito de la sentencia de la Corte Internacional de La Haya sobre San Andrés y Providencia”, declaró el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal, quien invitó “a los partidos políticos y a todos los colombianos a rodear la posición del Gobierno nacional por encima de cualquier consideración partidista. En este momento crucial, el país requiere la unidad de todos sus ciudadanos por encima de las diferencias políticas”.
El procurador Alejandro Ordóñez dijo que “el presidente tiene toda la razón. Es una razonable interpretación de nuestras normas constitucionales. Los límites están establecidos por la Constitución. Las decisiones judiciales internacionales no tienen la competencia para afectar y modificar los limites consignados en la Constitución”, precisando que “la Procuraduría ya lo había manifestado en noviembre del año pasado: el país debe cerrar filas en torno al señor presidente de la República porque no había actitud diferente a la que acaba de asumir”.
El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, reiteró que Colombia mantiene su presencia pacífica y permanente en frontera marítima con Nicaragua.
En Nicaragua
Anoche, el presidente nicaragüense Daniel Ortega se encontraba encabezando un acto oficial por el 34 Aniversario de la Policía Nacional. Al cierre de esta edición no se conocía que se hubiera pronunciado respecto de los anuncios de Santos.
Sin embargo, El 19 Digital, sitio web oficial del Gobierno de Managua, titulo “Santos desconoce fallo de La Haya”, mientas que El Nuevo Diario, de la capital nicaragüense, lo hizo en términos similares: “Colombia desconoce fallo de La Haya”
El primero de los medios mencionados, recordó que Ortega “propuso recientemente la creación de una comisión binacional entre Nicaragua y Colombia, para coordinar la aplicación del fallo del tribunal internacional”.
"Le proponemos al gobierno de Colombia, al presidente Juan Manuel Santos, que trabajemos una comisión colombiano-nicaragüense para que de ahí salga un tratado que nos permita respetar, poner en práctica el fallo de la CIJ", habría señalado el mandatario según la cita.