*Control fiscal en Cerro Matoso
*Inversión y seguridad jurídica
A la contralora general de la República, Sandra Morelli, según lo disponen sus funciones en la Constitución de 1991, en el Articulo 267, le corresponde ejercer: “el control fiscal, una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación”. Es el caso de la mina de Cerro Matoso, donde la Contraloría fiscaliza el pago y manejo de las regalías. Se trata de establecer cómo se negocian nuestros recursos naturales, si los contratos estatales que permiten la explotación minera son positivos para las partes y convenientes para el país.
Se renegocia un contrato entre el Estado y la empresa a cargo de la explotación de la mina de Cerro Matoso, lo que tiene suma importancia puesto que nos hemos convertido en país en esencia petrolero y minero. Por tanto debemos poner la mayor atención en cuanto a la responsabilidad de las multinacionales en el pago de las regalías, así como el papel del Gobierno y las regiones, en cuanto a la forma como gastan o invierten esos recursos. El país tiene una de las peores experiencias del mundo respecto de los malos manejos de las regalías, que de alguna manera el Gobierno intenta enderezar.
Son tan cuantiosas las sumas de las regalías por cuenta de las empresas privadas, que al no cancelar lo que les corresponde las deudas acumuladas se agigantan. Se sabe de casos de compañías mineras que han preferido no pagar a tiempo y después dejar el caso en manos de lo que en casos extremos de atentar contra el interés público se conoce como “raposas jurídicas”, que consiguen rebajar o hacer prescribir las multas, lo que sale en algunas ocasiones más barato que cubrir a tiempo lo estipulado en los contratos. Y ya sabemos la forma desvergonzada como se han malbaratado las regalías en algunas regiones del país, en donde los dineros se evaporan en manos de funcionarios oficiales corruptos y los pueblos siguen en la miseria. Estos males no son exclusivos de Colombia, se repiten en muchos países en donde los ingresos de las regalías engordan las alforjas de elementos venales, mientras los pueblos languidecen en el atraso, la incultura, la hambruna y la frustración.
La contralora general de la República, Sandra Morelli, remitió al ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo Vélez, un informe especializado en el cual presenta un cálculo de más de 61 mil millones de pesos de lo que adeuda Cerro Matoso al Estado por concepto de pago de regalías en el período comprendido entre el año 1998 y 2003. En el informe le dice al ministro Renjifo: "Le ruego hacer traslado a la Agencia Nacional Minera para que proceda al respectivo cobro dentro del mes siguiente al recibo de la presente comunicación".
Los empresarios encargados de la explotación de Cerro Matoso, en descargo del informe de la Contraloría dicen que: "lo manifestado por la Contraloría General de República desconoce el acuerdo de liquidación de regalías firmado entre Cerro Matoso y el Ministerio de Minas y Energía en 1985, así como el otrosí a dicho acuerdo firmado entre la Autoridad Minera (en su momento Ingeominas) y Cerro Matoso el 30 de agosto de 2011, donde se establecen los costos deducibles para la liquidación de regalías". Y, entre otras cosas, agregan: "los costos deducibles de regalías están claramente formulados en el acuerdo de 1985 de acuerdo con lo establecido en el contrato adicional de 1970, y de conformidad con los mismos, Cerro Matoso efectuó los pagos de regalías durante su vigencia”.
Para Colombia es esencial esclarecer el caso, e igualmente hacer respetar la ley y mantener la seguridad jurídica en los contratos con los nacionales y las multinacionales, con la finalidad de explotar el sector minero de manera tal que beneficie a la Nación y a los inversionistas. En tal sentido el informe de la Contraloría constituye un campanazo de alerta para el Ministerio de Minas y el Gobierno. La competencia de la Contralora es indiscutible, la compañía debe cancelar lo que es debido, según las leyes vigentes, a menos que en ciertos rubros, pueda demostrar alguna inconsistencia o que ya lo hizo. En tanto los colombianos sin excepción apoyamos la gestión de la contralora Morelli y seguiremos expectantes a la espera de que se le cancelen al Estado las sumas que se le adeudan.