“Mientras sigan muriendo los niños en La Guajira podemos decir que hemos fracasado”. Esa frase del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, resume cómo la situación de desnutrición de la población Wayúu en este departamento no les ha dejado a las autoridades nacionales y locales más salida que aceptar su responsabilidad.
Según el DANE, entre 2008 y 2013 fallecieron 278 niños por desnutrición en la Alta Guajira, una cifra que según César Arismendy, director del departamento de Planeación del departamento, llegan a casi 3.000; mientras que según el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Marco Aurelio Zuluaga, es de 132 menores.
Más allá de las divergencias en los números, el tema ha empezado a alertar al país. Por eso esta semana el senador Jorge Ballesteros, oriundo de este departamento, convocó a las autoridades implicadas a un debate de control político en la comisión séptima. “Los indicadores en La Guajira de mortalidad infantil y desnutrición crónica están duplicando o triplicando la media nacional y eso es alarmante. Hicimos un llamado para que todas las inversiones que se están haciendo para mejorar la seguridad alimentaria se hagan de manera articulada”, aseguró Ballesteros a El Nuevo Siglo.
Durante el debate, además del ministro Gaviria, otras autoridades como el director del ICBF reconocieron que se están cometiendo errores en la atención de la población infantil. Además se cuestionó el papel de las EPS en los programas de bienestar y del Ministerio de Educación, que según el senador Edinson Delgado “tiene que intervenir en forma mucho más contundente para que se desarrollen programas de primera infancia que garanticen una alimentación básica”.
Los compromisos tampoco fueron pocos. El Ministerio de Salud expresó su voluntad de atender a más de 36 mil niños en programas para contrarrestar la anemia, desparasitación y vacunación. Por su parte, el ICBF prometió hacer inversiones de más de $3mil millones, crear programas con enfoque diferencial para las comunidades indígenas, construir un centro zonal del ICBF en el municipio de Uribia, y un Centro de Recuperación Nutricional en Riohacha.
Para la representante de la Alianza Verde Ángela Robledo, “el tema no es de plata, allá hay millones y millones por regalías y el ICBF ha aumentado su presupuesto. Hay corrupción, hay vínculos entre políticos clientelistas y los famosos operadores. Plata hay, lo que pasa es que se la roban”, le dijo a este diario.
Durante el debate, la representante le hizo un reclamo a Zuluaga por su “negligencia” al no convocar la mesa de seguimiento indígena, en la que se reunían mensualmente autoridades locales y municipales como los ministerios de Salud, Vivienda, Educación, Cultura, entre otros.
Pero las acusaciones de la representante hacia la manera como funciona este Instituto van más allá del caso de La Guajira: “la semana pasada oí de viva voz de los funcionarios del ICBF que Zuluaga tiene paralizado al Instituto, que no cita a consejo directivo ni a coordinación de directores, que no permite que los funcionarios salgan a las regiones. Es una persona, y él mismo lo dice, que no tiene conocimiento en el tema de familia ni de niñez”.
Para la representante por Bogotá, la responsabilidad también es compartida con los políticos del departamento, entre los que se encuentra Ballesteros, el único guajiro con una curul en el Senado. “Me parece bien que hubiera citado el debate, pero el senador Ballesteros como sabemos tiene vínculos con las EPS, hace parte de la bancada de la salud en el Congreso”.
En efecto, Ballesteros se declaró impedido para participar en el debate sobre la reforma a la salud, pues reconoció que su campaña había sido financiada en parte por las EPS. Además es relacionado políticamente con Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, exgobernador de La Guajira.