Los recursos del sector privado serían la tabla de salvación para mejorar el lamentable estado de las prisiones en Colombia, pero también para colaborar en la resocialización de los internos brindándoles oportunidades de trabajo. A cambio los empresarios obtendrían beneficios en materia del impuesto de renta.

Así lo propone un proyecto de ley (número 172 de 2016 Senado) que fue radicado hace pocos días en la Cámara alta por parte de la senadora Nidia Marcela Osorio Salgado. La iniciativa es competencia de la Comisión Primera de esta Corporación para su primer debate.  

La senadora Osorio indicó en la justificación del proyecto de ley que “de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el hacinamiento llega a la escandalosa proporción del 200%. Son seis los detenidos por hora, pero la Policía no sabe a dónde llevarlos. El mal es sistémico: muchas instituciones están fallando en algún punto, volviendo la inhumana realidad de los reclusos un círculo vicioso. El hacinamiento es derivado de las dificultades estructurales de la política criminal en todas sus fases y no únicamente en su fase carcelaria”.

La Parlamentaria alertó que  se corre el riesgo de que si en tres años persisten los niveles dramáticos de hacinamiento de los reclusos de cinco centros carcelarios (La Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín, San Isidro de Popayán y las cárceles de Cúcuta y Barrancabermeja), se cierren definitivamente.

En el caso de la cárcel La Tramacuá de Valledupar, el plazo puede ser menor, especialmente por los problemas en el suministro del agua.

En ese sentido, el mejoramiento  de las condiciones físicas y tecnológicas de los establecimientos penitenciarios y carcelarios es una de las posibilidades que el proyecto de ley brinda a las empresas nacionales y extranjeras.

Cuando las empresas destinen un porcentaje de sus utilidades para apoyar el mejoramiento de las condiciones de reclusión de las personas que se encuentran privadas de la libertad podrán deducir de su renta hasta el 100% del valor de las inversiones realizadas, siempre y cuando el mejoramiento o adecuación física de las instalaciones del establecimiento haya sido ejecutado y previamente concertado con el Inpec y el Ministerio de Hacienda.

Empleo

La iniciativa de ley permitirá también a las empresas nacionales y extranjeras vincular personas recluidas en establecimientos penitenciarios y carcelarios, a través de convenio con el Inpec, para que presten sus servicios en el desarrollo de actividades propias del giro ordinario de sus negocios, en un mínimo del 10% del total de su nómina.

Por ello las empresas  podrán deducir de su renta hasta el 100% del valor de la remuneración pactada a los internos vinculados, así como los costos del transporte de mercancías, bienes o servicios desde o para el centro de reclusión durante el año gravable, mientras subsista la condición de personas privadas de la libertad y hasta el año siguiente a la puesta en libertad de los condenados.

No obstante el proyecto de ley establece que las empresas escogerán la modalidad de apoyo que deseen, ya sea la vinculación de los internos en actividades propias de la empresa o invertir en el mejoramiento de condiciones físicas y tecnológicas de los centros carcelarios.

Un beneficio adicional contempla el proyecto de ley a las empresas que se acojan a este eventual sistema para mejorar las condiciones de las cárceles colombianas, pues la empresa que contrate personas privadas de la libertad o apoye en el mejoramiento de sus condiciones de reclusión será preferida, en caso de empate, en procesos de contratación estatal por licitación pública.