Los diarios británicos rechazaron el jueves el nuevo proyecto de marco regulador de la prensa escrita británica propuesto en marzo por los tres principales partidos políticos y presentaron un plan alternativo.

El proyecto era fruto de un difícil consenso entre los conservadores, laboristas y liberaldemócratas sobre la manera de aplicar las recomendaciones de la comisión Leveson, que investigó las prácticas de la prensa tras el escándalo de las escuchas telefónicas en el dominical sensacionalista News of the World.

El acuerdo, destinado a evitar los excesos del pasado sin atentar contra la libertad de prensa, incluía un órgano de supervisión con una comisión de arbitraje rápido y gratuito para los denunciantes y poder para imponer multas a los diarios.

Tenía que estar respaldado por una "Carta Real" como la que rige a la BBC.

Pero la Newspaper Society, que representa a un millar de diarios locales, difundió el jueves un comunicado en nombre de sus adherentes y los periódicos y revistas nacionales para denunciar el proyecto político.

Considera que "varias de las recomendaciones son inaplicables y dan a los políticos una capacidad inaceptable de injerencia en la regulación de la prensa".

Su proyecto alternativo retoma la idea de las multas y de la publicación visible de rectificaciones de información errónea pero pide la apertura de consultas para que los diarios puedan opinar sobre los términos de la "Carta Real".

Hacked Off, un grupo de apoyo a las víctimas de los excesos de la prensa, denunció por su parte el proyecto alternativo.

"En dicho sistema, el público no podría estar seguro de que sus quejas son tratadas imparcialmente porque (...) antepone los intereses de los directores a los de los denunciantes", estimó el grupo.

Hasta ahora, la regulación de la prensa estaba asegurada por la moribunda Press Complaints Commission, autorregulada y sin poder real.

El News of the World, que tuvo que cerrar en 2011 debido al escándalo provocado de las escuchas, está acusado de haber 'pinchado' desde 2000 los buzones de voz de los teléfonos de unas 800 personas, incluidos famosos y políticos para tratar de obtener exclusivas.

El escándalo desencadenó varias investigaciones policiales, sobre las escuchas propiamente dichas, pero también sobre presuntos pagos de periodistas a funcionarios públicos.

Paralelamente, el gobierno encargó al juez Brian Leveson un examen independiente sobre las prácticas y la ética de la prensa, que en noviembre recomendó la creación de un órgano regulador respaldado por una legislación.

AFP.