Al culminar su primera vuelta legislativa, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia Camilo Tarquino y del Consejo de Estado Mauricio Fajardo no guardaron críticas frente al proyecto de reforma judicial que aprobó la Cámara de Representantes.
En primera medida el magistrado Tarquino Pacheco se mostró en contra del artículo que faculta a la Corte Constitucional ser órgano de cierre en materia de tutelas contra sentencias judiciales proferidas por otras Cortes.
Camilo Tarquino señaló que con la aprobación de este artículo, la Corte Constitucional tomaría decisiones sobre cualquier tema, sea civil, laboral, administrativo o penal.
Además, expresó que tal como está la iniciativa, se institucionalizan los choques judiciales, y lanzó críticas contra otras proposiciones que fueron aprobadas entre el tercer y cuarto debate en la Cámara.
“A la Corte ya no le extraña lo que ha venido sucediendo en el Congreso, la semana pasada también hubo un tema que no se había discutido, el del nominador de Contraloría y Procuraduría y se aprobó”, señaló.
En efecto, el martes pasado fue aprobada la supresión de la función de las altas Cortes de presentar las ternas para Procurador y Contralor General, para dejarlo en manos del Presidente de la República.
“Esto no resiste un examen de constitucionalidad porque eso no fue debatido en primero y segundo debate”, indicó el magistrado, quien dijo que con este acto legislativo se está fortaleciendo al Ejecutivo y debilitando la Justicia.
Frente a la supercorte que se encargará de investigar a los aforados, incluyendo a los congresistas, y juzgarlos en primera instancia, y donde dos de sus magistrados serán elegidos por el Ejecutivo y otros dos por el Congreso, el magistrado afirmó que atenta contra la independencia judicial.
“El Ejecutivo nombraría jueces, eso es atentar contra la independencia de la Justicia, es sustituir la Constitución”, puntualizó.
Asimismo el magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema dijo que la aprobación de la iniciativa deja un sabor de que el Congreso se está vengando por las decisiones que ha tomado la Sala de Casación Penal.
Ante este panorama, Tarquino manifestó en La FM que están convirtiendo a la Corte Suprema en un “tribunalito” por el recorte de poderes, por lo que pidió el acompañamiento de organismos internacionales para que “pongan el ojo sobre lo que está sucediendo en la reforma a la justicia”.
De igual manera dijo que confía en que la Comisión de Conciliación de los textos aprobados en la Cámara y el Senado haga un examen concienzudo, dentro del marco jurídico, para dirimir los temas en controversia.
Por último, indicó que si en un primer momento acompañaron el proyecto de autoría del Gobierno, fue con el ánimo de que no se pensara que la Corte Suprema de Justicia quería torpedear el trámite.
Críticas del Consejo de Estado
Por su parte, el presidente del Consejo de Estado Mauricio Fajardo manifestó que es una especie de venganza por haberse levantado de la discusión, el artículo donde faculta a la Corte Constitucional ser el órgano de cierre en las impugnaciones de fallos judiciales.
“Esa decisión, al final del debate, deja preocupaciones no tanto por su contenido sino por la intención clara de responderle de esa manera a la Corte Suprema y al Consejo de Estado por retirarnos de la discusión de la reforma (…) lo que aparece es una decisión de la Cámara diciendo que en adelante, como no vinieron a participar, vamos a tomar esta decisión a favor de la Corte Constitucional”, afirmó.
Así como lo acusó el presidente de la Corte Suprema, Fajardo explicó que en este artículo no se respetó el principio de consecutividad, pues el tema no se había discutido en los anteriores debates y a última hora lo formularon.
El magistrado también cuestionó el Tribunal de Investigación y Juzgamiento de aforados, argumentando que éste sustituye la Constitución que establece que cada institución tiene su propia instancia de cierre, sin que ningún tribunal pueda parecer superior a otro.
Así mismo, el consejero de Estado indicó que es paradójico que si para esta nueva Corte se hace necesaria la inyección de nuevos recursos, este aspecto fue tenido en cuenta en la reforma judicial propuesta por el Consejo de Estado.
Por último el presidente del máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo afirmó que el proyecto de reforma es una propuesta que no es seria ni le da la importancia que en el Estado le corresponde a la Rama Judicial.