Durante la audiencia de acusación del general Lelio Suárez Tocarruncho, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Fiscalía que convoque al Departamento Administrativo de la Presidencia como víctima de la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana de las Farc.

El magistrado que preside la audiencia, Jorge Luis Barceló, afirmó que la Presidencia se habría convertido en víctima al girar del Fondo Especial para la Paz 1.139 millones de pesos que se gastaron en la logística de la desmovilización del nombrado bloque de la guerrilla en 2006.

"El acto de desmovilización, al parecer, fue financiado por el reconocido narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yepes con el fin de evitar su extradición", señaló el magistrado.

De igual manera, también se aceptó como víctima a la Contraloría y rechazó la participación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y al Ministerio de Defensa, ordenando además a sus representantes a que abandonaran la Sala de Audiencias.

El general Suárez Tocarruncho es procesado como coautor de los delitos de fraude procesal, porte ilegal de armas y peculado por apropiación a favor de terceros.