El convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía sobre fuero militar es lo que realmente ha desestimulado el accionar de las Fuerzas Militares.

Así se lo aseguró a EL NUEVO SIGLO el representante Telésforo Pedraza, del Partido Conservador.

“Ese acuerdo ha sido un factor de desestímulo, de inseguridad para los miembros de la Fuerza Pública. Ese convenio que firmaron no ha sido un elemento que haya coadyuvado a la tranquilidad y a la seguridad en el actuar de los miembros de las Fuerzas Militares. Creo que por el contrario ha sido muy perturbador para la tranquilidad en el trabajo que vienen cumpliendo los miembros de las Fuerzas Militares”, manifestó el congresista por Bogotá.

El convenio, recordó Pedraza, fue firmado “entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, en la época en que era ministro de Defensa el doctor Camilo Ospina y el fiscal Mario Iguarán”.

Al calor de ese convenio, según el cual el fuero para los militares no es automático, sino que va a un Fiscal de reparto para que determine si, a su juicio, el caso irá a la justicia ordinaria o la castrense, “muchos actos del servicio los han llevado a la justicia ordinaria cuando deben ser conocidos por la Justicia Penal Militar”, anotó el legislador.

Para Pedraza, al elevar “el fuero militar a suprema norma constitucional” se le “daría más fortaleza al Ministerio de Defensa para disolver ese convenio”.

Hace diez días, el Partido Conservador propuso derogar el convenio, de rango menor al constitucional, si en verdad hay voluntad de que haya Justicia Penal castrense.

Tras una reunión de dos horas en la Casa de Nariño con el Jefe de Estado, el presidente del Directorio Nacional Conservador, senador Efraín Cepeda, manifestó que no hubo un acuerdo con el Gobierno en el tema.

“El partido no ha aceptado el retiro del artículo 12 del fuero penal militar, pero aceptamos continuar con la discusión”, dijo Cepeda.

Los conservadores, sin importar las mayorías impuestas por otros partidos al interior de la coalición, se han quedado solos en la defensa de la protección de los uniformados.

El mencionado convenio, vigente desde la época de la administración Uribe, firmada entre Ospina e Iguarán, es lo que ha causado toda la ambivalencia en torno a la figura constitucional que señala que, automáticamente, las circunstancias de combate a causa de acciones de militares en servicio, deberán ser analizadas por la Justicia Penal Militar. Esto fue recortado por cuenta de una resolución de menor rango a las premisas constitucionales. Y es ello lo que los conservadores piden derogar.

“Lo que si es importante es que con esto le estamos dando una señal de solidaridad y de compromiso con las Fuerzas Militares y desde luego con el Gobierno del presidente Santos y del Ministro de Defensa que han hecho un inmenso esfuerzo tratando de resolver un elemento fundamental para el ejercicio y el trabajo de las Fuerzas Militares”, comentó Pedraza.

“Que la gente no se equivoque”, agregó, “que cuando se está hablando de fuero militar lo que se busca no es la impunidad. En absoluto. Yo creo que en eso ha sido muy claro el comandante de las Fuerzas Militares, el general Navas, el general Navas, y todos los militares y el Ministro y el Presidente de la República en que con esto no se busca, en absoluto, para nada, que se genere un clima de impunidad al interior del actuar de las Fuerzas Militares, porque inclusive en este proyecto viene claramente determinado cuáles delitos no pueden ser de conocimiento de la Justicia Penal Militar”.