Al completarse 20 años del funcionamiento y servicio de la Concesión Panamericana en la Provincia del Magdalena Centro, los alcaldes y personeros expusieron sus denuncias ante los representantes e interventor de la vía, en el marco de la citación a la segunda mesa de trabajo por parte del Contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo.

Este encuentro permitió conocer situaciones tales como: el mal estado de la carretera, el alto precio del peaje, fijado en $12.400, las deficiencias en las conducciones del agua a fuentes receptoras naturales, las obstrucciones en las calzadas, el alto índice de accidentalidad y la falta de señalización en algunos trayectos, para lo cual el representante de la Concesionaria hizo precisiones sobre la atención que se dará a cada caso.

Una vez conocidas las inquietudes de alcaldes y personeros el Contralor de Cundinamarca estableció el seguimiento a la atención de las mismas por lo que hizo una nueva citación en un mes para conocer los avances. Igualmente anunció que ordenó por primera vez la ejecución de una auditoría integral a la Concesión Panamericana, al interventor y al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU, donde se evaluará el esquema financiero, el plan de inversión, así como las rendiciones de cuenta que se han hecho ante las comunidades.

También informó que serán sujeto de control las otras dos concesiones departamentales: Concesionaria del Desarrollo Vial de la Sabana –DEVISABANA, y Concesión Troncal del Tequendama.

“Es vergonzoso que una entidad de control en el departamento nunca haya vigilado la administración y el manejo de esta figura de contratación, como lo es la concesión vial, más aún cuando son responsables de la inversión de millonarios recursos, y tienen a su cargo una de las actividades más sensibles para el desarrollo económico y social de Cundinamarca”, precisó el jefe del ente de control.

La presencia del Procurador Regional, Francisco Garavito Suárez y Defensor Regional, Julio Enrique Quintero Castellanos, integrantes de la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca permitió garantizar el acompañamiento que darán estos organismos en desarrollo de la atención que se dé a estas denuncias que afectan a 12 municipios del departamento.

Se destacó la presencia de la gerente del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, Nancy Valbuena Ramos; los alcaldes y personeros de los municipios de La Vega, Sasaima, Villeta, Pulí, San Juan de Rioseco, Chaguaní, Vianí, Bituima, Beltrán y Quipile, así como el interventor y representantes de la Concesión.