Una baja utilización del mecanismo de la consulta previa en Colombia lo que podría llevar a sanciones internacionales, advirtieron organizaciones no gubernamentales internacionales.

Según las ONG, en los últimos 10 años en el país se han otorgado 2.331 licencias ambientales y sólo se han hecho 156 consultas previas.

Frente a esta situación Tom Griffits, representante de la ONG Forest People Programm, de Inglaterra, dijo que “si el Estado colombiano no respeta la Consulta Previa podría ser sancionado por los organismos internacionales tal como ocurrió en Surinam, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos multó al país por no respetar este mecanismo”.

Para Griffiths, quien estuvo de visita en Bogotá participando en el decimocuarto Diálogo sobre los Bosques, la Gobernanza y el Cambio Climático, organizado por la ONG Rights and Resources Initiative, con sede en Washington, “aunque hay una reglamentación internacional clara sobre el tema de consulta previa, cada día hay más presión hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes no sólo por los proyectos mineros sino de infraestructura, a tal punto que se está llegando a un momento de crisis que puede terminar en violaciones a los derechos humanos tal como ocurrió con el caso de los Nagobi Bugle en Panamá en donde una protesta en rechazo a un proyecto minero en su territorio terminó en un incidente en el que hubo 3 muertos y decenas de heridos”.

Por su parte, Gloria Amparo Rodríguez, docente de la Universidad del Rosario, advirtió que el derecho de participación de los pueblos indígenas ha sido limitado. “No quiere decir que siempre haya que hacer consulta previa, pero donde están las comunidades étnicas es imperativo que este mecanismo sea efectivo”.