Don Tomás Rueda Vargas se refiere en sus escritos a los delirios constitucionales de nuestros próceres desde los balbucientes inicios de la república, cuando nuestras “ciudades y aún las aldeas fueron revolucionándose y erigiéndose en soberanas, con títulos pomposos a la española para sus cabildos y regidores: excelencias, altezas serenísimas, y demás rumbosos aditamentos del ceremonial castellano. Mariquita, Neiva, Sogamoso, Leyva, San Gil, Girón, Charalá, Mogotes, lo mismo que Cartagena, Medellín, Rionegro, se van constituyendo en entidades soberanas, de 1811 a 1815 hay una verdadera fiebre constitucional”.

 

Los rábulas imitadores de Solón se toman las tribunas de los cabildos y empujan el país al abismo federalista, que fomenta la rivalidad permanente de ciudades, pueblos y aún modestas aldeas. Así que Cartagena, Cundinamarca, Mariquita, Neiva y Tunja, se dan sus constituciones. Y, advierte Rueda Vargas, que no se contentan con hacerlas, hay que reformarlas. Varias de esas constituciones, por lo general copiadas de Europa o los Estados Unidos, al poco tiempo, son modificadas. 

 

El furor de pretender estar a la última moda obsesiona a los improvisados legisladores, ayer como hoy. Por lo que el citado autor se pregunta: “¿Habrá gentes más taradas en el mundo en cuanto a fórmulas legales, a papeleo, a derroche de tinta y verbalismo, que un congresista colombiano de este siglo XX? Parece imposible. Ya que la ley los ha hecho inmunes, proclamándoles nosotros prácticamente irresponsables. Es de justicia. Son, o mejor dicho, somos rábulas natos; heredo-formulistas”. 

 

Se considera por los expertos en Derecho Constitucional colombiano que en Rionegro, en 1863, se llegó a la apoteosis del delirio de legislar para ángeles o con la pretensión de crear “repúblicas aéreas”, como dijera en el Manifiesto de Cartagena Simón Bolívar. 

 

Por lo mismo, no es de extrañar que los actuales “legisladores” de La Habana se extiendan en toda suerte de disquisiciones y farragosas fórmulas sobre los más diversos asuntos de Estado, a sabiendas de que la mayoría de lo pactado no se cumplirá por falta de fondos o por ser irreal y utópico...

 

La apoteosis del delirio constituyente y copista al calco de nuestros legisladores se da en la famosa Convención de Rionegro, en donde los radicales, con fundamento en su peculiar manía de entender la democracia liberal, excluyen a los conservadores y defensores de la Iglesia Católica, que habían perdido la guerra civil desde el poder, para escribir una Carta Magna inspirada en la federación de los Estados Unidos, cuyo nombre anteponen al de Colombia. 

 

Guerra civil permanente

 

La ley de leyes que tejen en Rionegro con criterio de avezados rábulas, con un periodo presidencial de dos años que anula la capacidad ejecutiva, con poderes de veto al Congreso que hacen del gobernante un títere del mismo y de los estados más poderosos de la Unión. Por lo que en vez de fortalecer el Estado, lo debilitan en grado sumo y nos condenan casi que a la guerra civil perpetua. Hubo 40 guerras civiles durante el tiempo que estuvo en vigencia esta Carta, de 1863 a 1885. 

 

Esa Convención de Rionegro la denomina Rafael Núñez, desde el primer momento, como “la anarquía organizada”. Así que el extremismo reformista o copista de nuestros legisladores puso en peligro la misma existencia de la república, dado que falsificaron la Carta de los Estados Unidos sin tener en cuenta la mentalidad de los colombianos, la naturaleza de nuestras instituciones y la tendencia a la dispersión geográfica del terruño patrio.

 

Rafael Núñez, después de la derrota política y militar de los defensores a ultranza del sistema de Rionegro, alzados en armas contra su gobierno, convoca a una Asamblea de Delegatarios para crear el Estado moderno. 

 

Su argumento central es categórico: “El curso de los acontecimientos ha destruido el régimen constitucional productor de permanente discordia, en que hemos agonizado más que vivido durante un cuarto de siglo”. Por lo que el país “reclama el establecimiento de una nueva estructura política y administrativa enteramente distinta de la que manteniendo a la nación en crónico desorden, ha casi agotado las naturales fuerzas en depararle inseguridad y descrédito. Así que la Constitución de 1886 será lo contrario de la de Rionegro que ha dejado una estela de desgracias”. 

 

Proclama esa nueva norma la unidad nacional, la centralización política y la descentralización administrativa. Insiste en la reforma económica y el fortalecimiento del Estado. Sostiene que “nuestros códigos que fundan y definan el derecho deben ser nacionales; y lo mismo la administración pública encargada de hacerlos efectivos”. Defiende el orden civilizado y cristiano, protector de la vida humana y la propiedad,  contra el desorden y el incendio en el que había quedado la república por cuenta del régimen de Rionegro. Configura, igualmente, el estado de derecho con fundamento en la Carta Política y las leyes preestablecidas aprobadas por el Congreso, dotando al Estado de poderes excepcionales en caso de disturbios internos o amenaza de invasión  en las fronteras.

 

La visión de Gómez 

 

Cuando en el gobierno de César Gaviria se convocó a demoler la Carta del 86, que había sufrido varias reformas pero conservaba su espíritu, quien esto escribe publicó un artículo en el diario El Tiempo, defendiéndola y en contra de abolirla. 

 

Ese mismo día Álvaro Gómez me llamó por teléfono y me invitó a conversar con él. Me dijo entonces: no creo que ningún artículo de los que quedan de la Carta Magna del 86 impida gobernar, ni en la necesidad de reformarla, pero ya el Gobierno, el M-19 y los partidos  pactaron hacerlo, y si los conservadores no vamos a la Constituyente será peor, puesto que podría derivar en una peste como la de Rionegro. Es preciso estar para hacer política y defender nuestras ideas, de lo contrario se puede caer en el abismo de una asamblea revolucionaria. 

 

El notable estadista tenía toda la razón. Por lo que intenta en ese foro constituyente impedir el incendio y que se extienda la epidemia reformista a la izquierda. Para modernizar el Estado  fomenta la creación de la Fiscalía general a la colombiana, con miras a combatir el crimen organizado. Favorece la creación del Consejo de la Judicatura, con la pretensión de meter en cintura la magistratura e insiste en fortalecer el sistema municipal y que siga  la elección popular de alcaldes, así como en instaurar el Plan Nacional de Desarrollo, con miras a desarrollar la periferia del país, azotada por la violencia e integrarla a la civilización. 

 

Más, como siempre, los rábulas de turno del Congreso promueven en 25 años 42 reformas de la Constitución  y 983 proyectos de enmienda constitucional, que ratifican las sagaces observaciones de Don Tomás Rueda Vargas. En tanto, la Corte Constitucional, más acorde con el sistema parlamentario, legisla a su arbitrio y conveniencia, todo lo cual ha derivado en un Estado débil bajo el tufillo anárquico y decimonónico rionegrino.