Por Giovanni E. Reyes*

HACE muy poco, desde Europa, el investigador Héxtor Schami dio a conocer un suceso que tuvo lugar en Argentina, en la norteña provincia de Tucumán.  La senadora Beatriz Rojkés, representante de la región se encontraba visitando territorios al sur de la misma.  Han ocurrido allí, dramáticas inundaciones.  Hay familias cuyas escasas pertenencias se han perdido, familias que requieren asistencia humanitaria, de forma tan rápida como pertinente en su contenido: en especial alimentos, medicinas y carpas para alojamientos provisionales.

La ayuda oficial argentina ha sido escasa y –como normalmente ocurre- a destiempo.  Durante la visita de Rojkés, los afectados con desesperación comenzaron a manifestar sus angustias.  Uno de ellos le increpó: “Acá estamos inundados, en tanto usted vive en una mansión, tenga piedad de nosotros, mire como estamos”.

Ante ello, la no vació en responder: “La verdad es que no sólo tengo una, sino diez mansiones.  Pero estoy acá, podría estar ahora en una de mis mansiones, pedazo de animal, vago de miércoles”. 

La senadora Rojkés es esposa del Gobernador de Tucumán, José Alperovich. 

Se trata de una pareja de políticos pertenecientes al partido oficial en Argentina.  Están en el poder desde hace 12 años; Alperovich reformó las leyes provinciales para quedarse en la gobernación durante más tiempo del establecido, tres períodos consecutivos.

Como buen miembro del kirchnerismo, Alperovich intentó -al igual que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner- modificar la ley para permitir la reelección indefinida.  Proyectos que por ahora han quedado pospuestos.  La perspectiva es que la próxima gobernadora sería la actual esposa del gobernador, la señora de las diez mansiones.  Todo continuaría en familia.

Este caso ejemplifica uno de los mayores problemas que se tienen en la política de muchos países subdesarrollados, incluyendo los latinoamericanos: a los tradicionales grupos de poder económico y político, se les han unido “nuevos ricos”.  Son grupos de clase media, por lo general con personas mediocres, tan carentes de preparación como de escrúpulos.  

Esos grupos han cooptado, han secuestrado muchas de las instituciones públicas y se han aprovechado de los recursos de las mismas.  De esa manera han hecho engordar sus chequeras, sus inversiones tanto dentro de los países como en el extranjero. Miami se estaría destacando como región receptora de este tipo de captaciones.  Eso forma parte de la fuga de capitales que experimentan muchos países en desarrollo.

Ese secuestro de entidades cuyo accionar es indispensable para la democracia se ve aumentado cuando se trata de grupos emergentes que se conforman –aunque no se limitan- con integrantes de las fuerzas armadas. 

En este último caso, a los rasgos mencionados se agrega uno que es formidable para facilitar y mantener la corrupción: los ejércitos generalmente son estados dentro de otros estados, con la cauda de impunidad que les es propia.

Los grupos ascendentes, enriquecidos por medio de los recursos de las instituciones, no sólo las aprovechan de manera directa. Ese sería el caso evidente ya expuesto del gobernador de Tucumán y su esposa.  También lo hacen indirectamente, mediante las contrataciones que se realizan con proyectos en ejecución y mantenimiento. 

Debido a que la orientación política, desde inicios de los ochentas, insistía en que Estado debía achicarse, los contratos van a las empresas privadas.  La idea no es mala; lo que se buscaría es que las organizaciones del sector privado cumpliesen de manera más ejecutiva y ad-hoc, con actividades particulares sin generar burocratización. 

El problema es que la corrupción puede rápidamente generar ineficiencias o en el caso extremo, abierto robo de recursos.  Esta sería la forma indirecta, pero no menos significativa, mediante la cual grupos de poder local, regional o de partidos concretos cooptan las entidades públicas.

Con esos ingredientes, se tiene que las instituciones terminan siendo excluyentes, terminan sirviendo a los intereses de grupos particulares, con lo que sus funciones no contribuyen a generar ni fortalecer una sociedad en donde quepan todos, en donde todos puedan dar su aporte al bienestar colectivo.

Por el contrario, se consolidan instituciones excluyentes.  Un resultado muy evidente de este estado de cosas son los índices generalmente altos y persistentes de población en pobreza.  Y por supuesto que los políticos tradicionales, confían en la ignorancia y la necesidad de las personas. 

El riesgo es terminar eligiendo entre cabezas del mismo monstruo.  Líderes que con generación constante de expectativas, pretenden mantenerse en el poder con el “efecto derrame” en el uso de los recursos públicos.

La última noticia desde Argentina sería la reafirmación del declive de la institucionalidad: desde Buenos Aires se ha anunciado que “debido a la complejidad del tema”, el gobierno no continuará midiendo la incidencia de pobreza en el país.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor de la  Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. El contenido de este artículo es de entera responsabilidad del autor por lo que no compromete a entidad o institución alguna.