El debate sobre el futuro de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) llegará en marzo al Congreso cuando la Cámara deba abordar el estudio de un proyecto que restringe significativamente los cobros que actualmente realiza la entidad.

Se trata del proyecto de Ley 138 de 2011 Cámara, “por medio del cual se reforman los artículos 158, 161, 163 y 164 de la Ley 23 de 1982” acerca de la reproducción de obras musicales en establecimientos comerciales, radicado el 10 de noviembre por el representante antioqueño Augusto Posada, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

De acuerdo con la exposición de motivos, el fin es que cierto tipo de establecimientos comerciales, bien sea que actúen como personas naturales o jurídicas, puedan reproducir obras musicales siempre y cuando no ejerzan una actividad principal que genere beneficio por la reproducción de la obra musical. Igualmente, que además de los establecimientos educativos, los culturales no sean considerados como de ejecución pública, siempre y cuando cumplan los requisitos que se determinan.

“Mi proyecto va encaminado básicamente a que aquellos pequeños negocios cuya actividad principal no es el usufructo de esas obras musicales, no deban pagarle a Sayco-Acimpro”, le explicó Posada a EL NUEVO SIGLO.

La Ley 23 de 1982 en sus artículos 158 a 164 consagra la regulación y cobro de derechos de autor en la ejecución pública de obras musicales, que se realicen por cualquier medio en teatros, cines, salas de concierto o baile, bares, clubes, estadios, circos, restaurantes, hoteles, establecimientos comerciales, bancarios e industriales, es decir donde se interpreten o ejecuten obras musicales o se transmitan por radio y televisión, sea con la participación de artistas, por procesos mecánicos, electrónicos, sonoros o audiovisuales.

Además de no cobrarles a los pequeños negocios, el autor del proyecto propone que la música difundida en los establecimientos educativos y culturales no sea considerada como ejecución pública, siempre y cuando cumpla los requisitos que se determinan.

“Cada día nos damos cuenta que las diferentes organizaciones de gestión colectiva atacan a los establecimientos de comercio que no ejercen su actividad principal con la ejecución pública de las obras musicales, es decir estos comerciantes o pequeños tenderos que con gran esfuerzo generan empleo, que ponen música para generar ambientes propicios de trabajo, o que crean espacios amenos para sus clientes, sin lucro alguno por la música que ponen, porque su actividad principal es otra diferente a la reproducción, les corresponde pagar derechos de autor”, expresó Posada.

“Nos vemos en la necesidad de modificar la presente ley, donde realmente el que pague debe ser el beneficiado por la ejecución pública de la música, y no el pequeño comerciante o tendero, que su ingreso no es por la reproducción musical”, anotó.

Suspensión

Hace diez días, luego de hallar varias irregularidades en el manejo de la entidad, el Ministerio del Interior decidió suspenderle la personería jurídica a Sayco.

La determinación surgió como resultado de varios meses de investigación sobre la labor de su anterior gerente Jorge Ruge, la cual fue originada en la denuncia que el promotor de espectáculos Ricardo Leyva hizo al narrar cómo, en la preparación del segundo concierto de Aerosmith en Colombia, la entidad pretendió cobrar una tarifa que contemplaba 100 por ciento de la boletería sin considerar que su venta no había superado 60 por ciento.

Las acusaciones del empresario se vieron respaldadas por más de 580 correos con denuncias que señalaban manejos inadecuados en temas como la contratación y la planta de personal, así como comportamientos inapropiados del mencionado, como es el caso de asistir en estado de alicoramiento a las reuniones de la dirección de la organización.

El director de la Oficina de Derechos de Autor Felipe García consideró que Sayco “no es la única vía para cumplir con la obligación de derechos de autor”.

El viceministro del Interior Aurelio Iragorri definió la posición del Gobierno Nacional, al solicitarle a Sayco una reestructuración, so pena de ser liquidada por completo.

Pero el representante Posada le precisó a este Diario su posición: “Yo creo que el Gobierno actuó de manera oportuna, pero es claro para mí que Sayco no es un instrumento de los derechos de los autores y compositores del país”.

“Yo considero que Sayco debería liquidarse y crear un mecanismo con un control estricto del Estado donde los recursos efectivamente le lleguen a los autores y a los compositores”, concluyó.