A pesar de que en términos generales el Congreso cumplió en el actual periodo sacando adelante parte de su agenda propia y las principales iniciativas del Gobierno como la reforma a la salud y la reglamentación de la reforma al Fuero Penal Militar, se quedó una gruesa agenda de proyectos para la última legislatura que se inicia el próximo 20 de julio y que por diferentes razones no ha sido radicada en la mayoría de los casos.

Esta situación en términos políticos y de ‘ingeniería’ legislativa no es la más aconsejable porque para nadie es un secreto que la última legislatura se cruza primero con las campañas electorales parlamentarias y presidenciales, y luego con las respectivas elecciones, para este caso en marzo y mayo del próximo año, respectivamente. Es decir que como siempre pasa, los congresistas dividirán su tiempo entre la actividad propia del Congreso y la campaña para buscar su reelección o la de sus aliados políticos, más dedicados seguramente a esto último.

Es por esta razón que el presidente Santos y el ministro del Interior, Fernando Carrillo, tendrán que sentarse a evaluar si vale la pena en estas condiciones radicar en la última legislatura todos los proyectos clave que se han quedado hasta el momento enmaletados, corriendo el riesgo de que se hundan por falta de trámite o, mejor, esperar al próximo Congreso que será instalado el 20 de julio de 2014, claro está, si es que Santos tiene entre sus cuentas buscar la reelección.

La Habana

Las conversaciones de paz que desde noviembre pasado sostienen en La Habana (Cuba) representantes del Gobierno nacional y de las Farc podrían ser un manantial de nuevos proyectos en caso de que se logre un acuerdo, que inevitablemente congestionaría aún más la agenda legislativa.

Este es un ambiente que luce incontrolable para el Gobierno nacional, pues si bien el presidente Santos ha presionado para que los diálogos y los acuerdos queden listos a más tardar al final de este año, las Farc alegan que no quieren un proceso de paz exprés.

En cualquier caso si hay acuerdo de paz al final de año o incluso antes de marzo de 2014, el Gobierno nacional tendrá que presentar una serie de proyectos de ley al Congreso para aterrizar lo pactado. Solo para nombrar uno de ellos está la reglamentación del polémico Marco Jurídico para la Paz, el cual deberá recoger todo lo relacionado con el tratamiento penal que van a recibir los cabecillas de esta organización al margen de la ley en materia penal en el marco de la denominada justicia transicional.

Reforma al Código Electoral

La reforma al Código Electoral es una de las más reclamadas por lo desactualizada que está la actual normatividad, incluso, previa a la Constitución de 1991.

El Gobierno nacional presentó esta reforma en octubre del año anterior, pero luego de que se iniciaron los diálogos de paz pidió a la Comisión Primera de Cámara, en donde sigue esperando su primer debate, que le diera prelación a otras iniciativas como la reforma a la salud.

En consecuencia es claro que el Gobierno nacional está a la espera de los acuerdos en La Habana, en este caso en materia de participación política de los desmovilizados de la guerrilla, para posiblemente incluir lo pactado en este proyecto de reforma al Código Electoral o, por lo menos, adecuarlo al nuevo escenario que se generaría con un partido político que represente las ideas de las Farc e incluso la llegada de sus representantes al Congreso por la vía de una circunscripción especial.

Reforma al Código de Policía

Una situación parecida a la reforma al Código Electoral vive en la Comisión Primera de la Cámara el proyecto de reforma al Código de Policía, iniciativa que fue radicada desde el 2 de noviembre pasado por el Gobierno nacional, pero a la fecha no ha recibido ni siquiera el primer debate.

Hace algunas semanas el presidente de esta célula legislativa, Gustavo Hernán Puentes, explicó que “el Gobierno tiene una razón, se puede decir que fundamental, para trancar un poco el trámite del proyecto. El Ministro me decía que si se logra, como todos los colombianos anhelamos, que el proceso de paz llegue a un feliz término, seguramente proyectos como el Código de Convivencia Ciudadana serán fundamentales en el desarrollo de la agenda de compromisos que se obtenga con los insurgentes que quieren entrar nuevamente a la vida civil”.

Reforma pensional

Es la última de las grandes reformas que se planteó en la administración Santos para este cuatrienio, sin embargo, a pesar de ellos tuvo que ceder el paso a la reforma estatutaria y ordinaria de la salud en el segundo periodo de esta legislatura, por lo que incluso en marzo pasado sostuvieron un pulso los ministros de Trabajo, Rafael Pardo, y del Interior, Fernando Carrillo, cuando el segundo consideró que las dos iniciativas no podían ser presentadas juntas al Congreso por tiempo.

Al final, Pardo fue consciente que era necesario dar prioridad a la reforma a la salud por la crisis que afronta este sector a nivel nacional, sin embargo, al  explicar que la reforma pensional está prácticamente lista, dejó la puerta abierta para que este proyecto sea presentado en esta última legislatura.

El Gobierno nacional considera que la reforma pensional no da más espera en el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar la equidad y sostenibilidad.

Proyecto de Régimen Departamental

En febrero pasado, después de que el presidente Santos realizara un consejo de ministros, el titular de la cartera del Interior, Fernando Carrillo, dijo sobre la agenda legislativa gubernamental que sería presentada en marzo último, que “aquí la cantidad de leyes no es nuestra preocupación, eso no es lo que nos quita el sueño, sino poder presentar unos estatutos, que aunque sean pocos, permitan una discusión de mucha altura como lo hemos querido (…) lo que salga de ahí va a contribuir con esta agenda de prosperidad que es precisamente el objetivo de este Gobierno”.

Una  de las iniciativas a la que en esa oportunidad hizo referencia el ministro Carrillo es la reforma al Código Departamental, una de las primeras iniciativas que llevó la administración Santos al Congreso, pues la radicó en 2011.

A pesar de ello, esta iniciativa que fue aprobada el 22 de marzo por la plenaria de Cámara, se mantiene engavetada en la Comisión Primera del Senado a la espera de lograr un acuerdo con los gobernadores en algunos puntos del articulado. Incluso estos últimos se comprometieron a presentar una propuesta en ese sentido.

No obstante, esta iniciativa, que es la única pendiente de aprobar dentro de la llamada revolución territorial en materia legislativa que emprendió el Gobierno nacional con proyectos que hoy ya son ley, como la reforma al Código Municipal y la reforma a las áreas Metropolitanas y Distritales, este 20 de julio se hundirá por tiempos porque su discusión no puede ir más allá de dos legislaturas.

En consecuencia, le corresponderá al Gobierno nacional evaluar si se da la pela de radicar un nuevo proyecto en la última legislatura de este Congreso, dada la importancia de esta reforma que según el Gobierno nacional contendrá  un componente especial de fronteras y un régimen tributario territorial.

La ‘resaca’ de la consulta previa

A raíz de las dificultades que ha tenido el Gobierno nacional para adelantar las consultas previas con los pueblos indígenas y las minorías étnicas como los afrocolombianos y los ROM, hay varios proyectos clave que llevan más de un año esperando a ser radicados en el Parlamento.

Se habla de la reforma a las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales) y la reforma al Código Minero.

En el caso de la primera iniciativa, que busca básicamente hacer una reingeniería en los cuerpos administrativos de estas corporaciones de rango constitucional, ya la discusión para una consulta previa con los pueblos indígenas empieza a tomar forma en lo que corresponde a la parte metodológica, por lo que si las cosas marchan bien esta podría estar lista para el final de este año.

No pasa lo mismo con el proyecto de Reforma al Código Minero, pues los indígenas condicionan avanzar en este tema a que se trabaje en su agenda y no solo la del Gobierno.

Esta iniciativa es clave para el Gobierno, pues en medio del boom minero que vive el país y esta actividad es considerada por el gobierno Santos como una de sus locomotoras de la economía, se está desarrollando con una normatividad del año 2001.

Como se recordará, hace unas semanas quedó sin efecto la reforma al Código Minero (Ley 1382 de 2010), el cual fue tumbado en 2011 por la Corte Constitucional por pasar por encima el requisito de consulta previa, aunque difirió por dos años los efectos de esta decisión teniendo en cuenta la importancia de esta norma y dando este tiempo para que se aprobara una nueva ley, lo que finalmente no ocurrió porque fue imposible adelantar la correspondiente consulta previa con los indígenas y las minorías étnicas. En consecuencia, cobró vida nuevamente el viejo Código Minero, la Ley 685 de 2001.

Tierras y desarrollo rural

Otra de las grandes reformas pendientes para el Gobierno nacional es la de tierras y desarrollo rural, cuyo articulado lo tiene en buena parte definido el Gobierno nacional desde el año anterior, pero que no ha sido radicada en el Congreso a la espera de los eventuales acuerdos a que se llegue en La Habana con las Farc, más teniendo en cuenta que ‘tierras’ es uno de los cinco puntos de la agenda sobre la cual giran los diálogos.

No obstante, el Gobierno se ha cuidado que no le ‘coja la noche’ a este proyecto por el asunto de la consulta previa, como sucedió con el Código Minero y la reforma a las CAR. En este sentido, ya existe un acuerdo del Ejecutivo nacional con el pueblo ROM (gitanos) para iniciar este proceso, así como el mismo se viabilizaría con la elección de los delegados de los afrocolombianos.

En lo que se refiere a los indígenas, este proyecto hace cerca de seis meses está en la etapa de preconsulta en las diferentes regiones del país, pues lo están socializando, informando y debatiendo.