El Consejo de Estado confirmó la sanción disciplinaria de inhabilidad por diez años que la Procuraduría Regional le impuso a una registradora de instrumentos públicos del municipio de Calarcá (Quindío) a quien se le investigó por acoso laboral.

El fallo señala que fueron varias las quejas que se recibieron en contra de la funcionaria porque, según sus subalternos, los trataba frecuentemente de “mongólicos, brutos, ignorantes, trogloditas, empíricos”, les negaba permisos para asistir a citas médicas y les “chasqueaba los dedos en la cara diciendo que si no les gustaba se podían ir”. Incluso una de las trabajadoras habló de agresión física.