En espera de sanción presidencial se encuentra una norma que institucionaliza la Política Nacional de Educación Ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial.

Se trata del proyecto de Ley en Cámara 65 de 2011 – 226 de 2011 Senado, radicado el 14 de marzo de 2011 por el senador Carlos Enrique Soto y el representante Didier Burgos, ambos del Partido Social de Unidad Nacional (La U), que fue aprobado finalmente el pasado 19 de junio.

“Esta propuesta normativa”, se lee en la exposición de motivos, “tiene como propósito fundamental establecer la cátedra de Educación Ambiental en los colegios departamentales, distritales y municipales, tanto públicos como privados, creando conciencia y sensibilización en los niños, niñas, adolescentes y en los demás entes relacionados en el tema: padres, colegios, entidades gubernamentales”.

“El objetivo general de la Educación Ambiental es proteger a los seres vivos, conociendo a través de la cátedra de Educación Ambiental el uso adecuado y mantenimiento del espacio y entorno que los afecta y condiciona y del cual depende su existencia, la vida del hombre y de las generaciones venideras que necesitan desarrollarse en los elementos del medio ambiente como son agua, suelo y aire”, señala el informe del proyecto.

Más allá de instaurar una cátedra en las instituciones educativas, el proyecto pretende crear mecanismos para generar un mayor impacto en los procesos orientados a la consolidación de una cultura ambiental que respalde la consolidación de la Política Nacional de Educación Ambiental, aprobada por el Consejo Nacional Ambiental del Sistema Nacional Ambiental (SINA- 2002), explicó el ponente Carlos Ferro, también de La U.

“La Educación Ambiental aplicada a las acciones de los ciudadanos debe contribuir de manera sistemática a la formación de sujetos responsables, informados, éticos, críticos y capaces de contribuir a la construcción de un país con mejores calidades humanas”, anotó Ferro.

La iniciativa busca desarrollar proyectos concretos, que permitan a todos los actores sociales el alcance de competencias básicas y ciudadanas para la toma de decisiones éticas y responsables frente al manejo sostenible del ambiente.

Por lo anterior, serán los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA), quienes se distribuyan responsabilidades relacionadas con la Educación Ambiental, además de la construcción de procesos interinstitucionales que promuevan la protección de los recursos naturales.

Al corto plazo, el proyecto espera responder directamente a los problemas relacionados con: cambio climático, biodiversidad, agua, manejo de suelo, gestión del riesgo y gestión integral de residuos sólidos, entre otros.

Pese a los esfuerzos, reconoce el senador Ferro, “es fundamental fortalecer la institucionalización para el desarrollo y apropiación de la Educación Ambiental en Colombia, a través de su incorporación en las entidades locales, regionales y nacionales, coordinando el trabajo entre las diferentes entidades y grupos de población con competencias y responsabilidades en las problemáticas medioambientales”.