En cumplimiento de las exigencias de las Farc en el Acuerdo Final, y por la vía fácil del fast track, el Gobierno expidió el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017, con un título irrepetible por su extensión y su estilo cantinflesco -muy a lo Farc-, como queriendo esconder entre tanta palabra su verdadero objetivo. No hay duda, la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales…” es otro asalto a las instituciones democráticas por una sencilla razón: porque ese objetivo, con su largo etcétera, es obligación constitucional exclusiva de la Fiscalía General de la Nación.  

Y como si con el título no fuera suficiente, su farragoso rosario de considerandos esconde las claudicaciones del Gobierno y su confesión de parte. Es una lástima que el país no lea esa letra menuda donde se arropa el diablo, pero sentí vergüenza ajena al recorrer los considerandos leyendo que había que adecuar las capacidades de investigación y acusación de la Fiscalía, su estructura, su planta de personal, su nivel estratégico, sus áreas de apoyo, su arquitectura institucional, en fin, toda la Fiscalía a “las exigencias del Acuerdo”. 

Me sorprendió constatar que el Acuerdo Final “redefine la política criminal de la Fiscalía” y que, a pesar de la insistencia en que no se trata de una rueda suelta, se reconoce con desfachatez que “…modifica el rol de la Fiscalía General de la Nación como titular exclusivo del ejercicio de la acción penal y de la investigación y persecución de los hechos que revistan las características de un delito”. Es sencillo, si la adscripción de la Unidad Especial a la Fiscalía no fuera solo de papel o meramente administrativa, pues no se perdería tal exclusividad. 

Y si poco faltara, el director de la Unidad Especial será nombrado por el Fiscal de terna presentada por el Comité de Escogencia de los magistrados de la JEP y demás burocracia del Acuerdo, un comité conformado al tenor de “los intereses de las Farc”. Lo dicho: el Acuerdo Final socavó el perfil constitucional de la Fiscalía General de la Nación y creó una instancia paralela: ¿Acaso una Fiscalía de las Farc?

Afortunadamente, la dignidad se pasea de nuevo por el búnker, rescatada por el Fiscal Martínez de la genuflexa posición de su antecesor frente a los intereses del Gobierno en las negociaciones con las Farc. El Fiscal  ha marcado territorio frente al Acuerdo Final en lo de su competencia, y en cuanto a la Unidad Especial de Investigación logró acotar en algo su pretendida autonomía total. 

Aun así, la Unidad se perfila como rueda suelta, con cierta obsesión por las organizaciones criminales “sucesoras del paramilitarismo”, pero con  total olvido frente a las sucesoras de las actividades delictivas de las Farc. En un país donde cualquier hampón es calificado como sucesor del paramilitarismo, pero también muchos ciudadanos de bien, ganaderos y productores agropecuarios sometidos durante años al aporte extorsivo, la estigmatización en manos de esa Fiscalía de las Farc puede convertirse en cacería de brujas. 

Como en cacería puede convertirse el objetivo de “la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz” (art.1). ¿Quién tipifica esas “conductas criminales” en medio de la estigmatización a los “enemigos de la paz”? ¿Acaso la oposición crítica puede ser calificada como calumnia, por ejemplo? ¿Acaso ahora mismo podría estar cometiendo un delito por no estar de acuerdo con “la implementación” y manifestarlo públicamente? ¿Estamos frente al surgimiento del delito de opinión en Colombia?

@jflafaurie