A pesar de  la complejidad estadística que acarrea, se está desenvolviendo  por estos días un importantísimo debate para las finanzas públicas del país, a saber: ¿Qué está pasando, y sobre todo, qué va a pasar en el futuro  con los presupuestos de las entidades territoriales provenientes de las regalías?

A  las entidades territoriales no les está sucediendo nada diferente de lo que le ha acontecido dramáticamente a las finanzas del Gobierno nacional: que la caída estrepitosa de los ingresos fiscales, provenientes del petróleo, ha hecho añicos las proyecciones con que se venía trabajando.

Así como el Gobierno nacional trabaja sobre la base de un presupuesto anual,  los departamentos y municipios -en cuanto tiene que ver con sus regalías-  lo hacen con fundamento en un presupuesto bianual. Así lo manda la Constitución. El último presupuesto bianual de regalías que se elaboró, y que está vigente, es el correspondiente al bienio 2015-2016.

Ahora bien, como lo ha ilustrado contundentemente la Contraloría General de la República (ver boletín macro fiscal número 12 de esta entidad), el presupuesto bianual de regalías para las entidades territoriales  se ha quedado claramente desactualizado.

En primer lugar, porque se trabajó sobre la base de un precio promedio del  barril  de 85 dólares que no se ha dado en la realidad. En segundo lugar, porque las proyecciones tanto para el  crudo (cuya producción  ha estado por debajo del millón de barriles diarios) como para el gas, se han quedado cortas. Y en tercer lugar, porque el precio de varios productos mineros significativos para el cálculo de las regalías  han estado por debajo de lo esperado.

La Contraloría calcula que  teniendo en cuenta estos factores,  la sobreestimación del presupuesto bianual de regalías que se viene ejecutando alcanza 5,4 billones de pesos, que corresponde a cerca de un 30% del presupuesto inicialmente calculado que era de 17,47 billones de pesos para el bienio. Por tal razón, la Contraloría considera que “el Gobierno se encuentra en mora de hacer el ajuste correspondiente (léase un recorte) mediante un acto administrativo” en el presupuesto bianual 2015-2016 de regalías que se viene ejecutando. Se impone, pues, no un aplazamiento presupuestal sino un recorte.

El Gobierno en los últimos días está anunciando  que liberará  recursos que estaban acumulados en el FAE (Fondo de ahorro y estabilización) y en el Fonpet (Fondo de pensiones territoriales), como mecanismo de compensación  frente a la caída brusca de los ingresos de departamentos y municipios por regalías. Y esto está bien, siempre y cuando se haga plena claridad que esos recursos que se liberan no los otorga  graciosamente el Gobierno central a las entidades territoriales, pues ellos  son de propiedad de estas últimas. No son recursos del Gobierno central ni del Ministerio de Hacienda.  Lo que  no se  puede es pretender  ganar indulgencias  con padrenuestros ajenos.

La caída de los precios del petróleo va para largo, y por lo tanto los departamentos y municipios deben prepararse  a irlos sustituyendo de manera permanente. La única manera de hacerlo es a través de una reingeniería profunda de sus  impuestos propios. Tal como la que se ha propuesto, y cuya oportunidad sería dentro de la reforma tributaria estructural de la que tanto se ha hablado. Infortunadamente,  de esta reforma, a la fecha, nada se conoce ni de sus contenidos ni cuándo finalmente será presentada.