Se tiene la costumbre de creer que la prisión era una especie de depósito de criminales, depósito cuyos inconvenientes se habrían manifestado con el uso de tal forma que se diría era necesario reformar las prisiones, hacer de ellas un instrumento de transformación de los individuos.
Michel Foucault
El tema de las cárceles en Colombia debe ser tratado por fuera de campañas políticas e intereses partidistas, porque es de amplio interés para la nación.
Es urgente una reforma tanto al Inpec, como al sistema penitenciario para permitir, el objetivo de la pena: resocializar al privado de la libertad para que sea devuelto a la sociedad regenerado y con la meta de no volver a cometer actos que vayan contra las normas legales.
En esa tarea de acabar con el hacinamiento y la corrupción en las cárceles está el ministro de justicia y del Derecho Wilson Ruiz, además acatando fallos de la Corte Constitucional, para que se den soluciones a la grave problemática carcelaria en el país.
Respecto a el hacinamiento en las URI y estacionamientos de policía, el ministro y exmagistrado había dicho que “Estamos haciendo los ajustes necesarios para trasladar a las personas que en calidad de condenadas se encuentren en estos centros de detención”, en la que se refirió a la sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional, que extendió el estado de cosas inconstitucional a los mencionados centros.
Ruiz Orejuela recordó que se ha reducido el hacinamiento en cárceles y penitenciarías a cargo del INPEC, al 19,2%, “a pesar de que la ley no establece una responsabilidad directa del Inpec frente a los privados de la libertad en calidad de sindicados, en 2021 fueron trasladadas más de 45.000 personas desde estaciones de policía y URI a Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron)”, indicó.
El exdefensor delegado para la política criminal y penitenciaria de la Defensoría del Pueblo, Germán Pabón Gómez dijo en su momento que “nosotros, en política criminal como en defensoría, hemos llamado la atención en el punto del hacinamiento porque estas condiciones están desbordadas.
También es urgente revisar las normas y las actuaciones de los jueces de penas, quienes deben asumir un rol importante en esta política carcelaria.
No se están pidiendo jaulas de oro o cárceles sin restricciones, pero estas medidas no pueden ir en contra, de la dignidad humana, de los derechos de los privados de la libertad, porque a las cárceles no entran los delitos, entra un ser humano objeto de derechos y con los controles que a diario cambian se golpea el derecho a la salud, el derecho a la vida y sobre todo el derecho a la defensa, que se restringe y se dificulta inmisericordemente.
La prisión debe ser un instrumento de educación, de perfeccionado como la escuela, el cuartel o el hospital y actuar con precisión sobre los individuos, para que haya la verdadera transformación del ser humano privado de la libertad y dejar de ser centros de fabricación de nuevos o más tecnificados delincuentes.