La propuesta de adoptar un régimen federal es más de la competencia de una asamblea constituyente porque implica rediseñar toda la estructura institucional del Estado. En el proceso constituyente de 1991 se hicieron avances muy importantes para devolverle la autonomía presupuestal y administrativa a las entidades territoriales, pero muchas de las decisiones que tienen que ver con las regiones continúan en cabeza del sector central de la administración pública.

El sistema federal de gobierno ha sido y será un tema recurrente en el debate público en Colombia a la hora de pensar en una mejor distribución de las competencias regionales y los recursos del presupuesto nacional. El régimen federal tuvo una primera vigencia entre nosotros en la época de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que existió entre 1811 y 1816 hasta la reconquista por Pablo Murillo, es decir, en la etapa anterior a la Independencia que, según algunos, fue una federación con un sistema parlamentario. Luego vino la Ley de Angostura y la Constitución de 1821 que adoptó el régimen presidencial y centralista que nos ha regido y que la Constitución de 1991 preserva con matices.  

La estructura federal de gobierno comenzó a dar sus primeros pasos con la Constitución de 1853; el Estado de Panamá se creó en 1855, el de Antioquia en 1856 y en 1857 fueron creados los Estados de Santander, Magdalena, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y el del Cauca, que se inauguraron el primero de septiembre de 1857, para un total de ocho Estados, y cada Estado comenzó a darse su propia Constitución. Pero fue necesario, como diría Don José María Samper, que los Estados “se amalgamasen bajo un pacto de asociación común, dándole a la República el carácter de Confederación y renunciando los Estados a la condición  de soberanos que les había otorgado la Reforma de 1855; entonces se expidió  la Constitución de 1858 que creó la Confederación Granadina cuyo modelo federal profundiza la Constitución de Rionegro de 1863, que le devolvió  el carácter de soberanos a los Estados con un nivel de autonomía tal  que, inclusive, contaban con su propio ejército. Ello propició los caudillismos en las regiones que poco se entendían con las autoridades nacionales, al punto que el general Mosquera se levantó en armas en 1860 contra el gobierno de Ospina Rodríguez y lo derrocó.

Abordar el debate sobre la conveniencia o inconveniencia de la adopción de este modelo de gobierno en esta coyuntura es más un ejercicio académico porque a esa propuesta no se le ve en este momento mucha viabilidad. En Colombia persisten factores generadores de violencia en las regiones, han crecido los cultivos ilícitos, a diario se conocen denuncias sobre actos de corrupción en los municipios y departamentos y en cada campaña se habla de dineros de dudosa procedencia en la elección de algunos alcaldes y gobernadores que, en su momento, se vio como un avance en el proceso de ampliación de los espacios democráticos del país.