Al César lo que es del César

Sin haber leído la decisión del Consejo de Estado, la CIDH expidió su resolución en la que “solicita al Gobierno de Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión (…) emitida y ratificada por la Procuraduría General de Nación el 13 de enero de 2014, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego y pueda cumplir con el período para el cual fue elegido como Alcalde de la ciudad de Bogotá D.C. (…) hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual P-1742-13” en la que se alegan presuntas violaciones a los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, los derechos políticos, igualdad ante la ley y protección judicial.

Es claro que la Resolución, firmada por el Secretario al que se le dio la instrucción de notificarla pero no de firmarla, estaba redactada antes de la última decisión del Consejo de Estado y fue emitida cuando recibieron la noticia de la misma. La solicitud de “suspender los efectos” de la decisión del Procurador va hasta que la CIDH resuelva una petición individual presentada el 28 de octubre del 2013 que súbitamente se volvió de “extrema gravedad y urgencia”. Y no se sabe cuándo sucederá eso.

El sistema interamericano de derechos humanos es subsidiario del interno. Es decir, no puede actuar sino cuando los procesos judiciales internos no funcionan, que no es el caso de Petro porque el exalcalde tuvo y aún tiene abiertos todos los sistemas de defensa, de los cuales usó y abusó. Nada de eso, ni el hecho de que hay más de mil casos similares en Colombia que podrían generar acciones jurídicas, ni que se trata de un problema que involucra la Constitución colombiana, fueron considerados en esa decisión “light”.

El presidente Santos, que está obligado a cumplir la Constitución y la ley, hizo bien en desconocer semejante adefesio, proveniente de una entidad que solamente puede hacer “recomendaciones” y pretende imponerse sobre el orden jurídico nacional. Así lo dice claramente el comunicado de la Cancillería que añade que la decisión gubernamental tiene el propósito de “preservar el orden constitucional” frente a una decisión “improcedente y precipitada”.

Ambos, la declaración del Presidente y el comunicado de la Cancillería, merecen ser respetados y elogiados. Al César lo que es del César.

Ahora hay que pensar en cambiar la cláusula de aceptación de competencia de los órganos del sistema para que en el futuro se ciñan a la Convención.

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Coda. El Consejo de la OEA, por mayoría de veintidós contra once, declaró que la sesión en la que se iba a discutir el problema venezolano y hablaría la valiente diputada María Corina Machado, debía ser privada. Un órgano diseñado para discutir abiertamente los problemas políticos del continente, no puede actuar porque Venezuela ha sobornado a sus miembros con el “petrocaribe” o con la compra de bonos chimbos. A Machado solamente le dieron cuatro minutos para exponer los problemas de su país. Una vergüenza.