¡Estoy atónito!
No debería estarlo porque desde su creación la Corte Constitucional, a la que se confía la guarda de la Constitución, ha ido violando la misma con el propósito de constituirse en una especie de poder omnímodo y dictatorial, superior a las otras ramas del poder público a las que usurpa sus facultades. El ejecutivo, el legislativo y el mismo poder judicial han sentido esa expansión indebida de poderes de la Corte Constitucional.
Todo órgano del Estado tiene, en principio, quien lo vigile. Hasta el propio Presidente (expuesto a procesos en la Cámara) y los congresistas (a quienes juzga la Corte Suprema) tienen un órgano que puede juzgarlos, excepto los órganos límites que se llaman así, precisamente, porque no hay quien los controle o porque aquellos que podrían hacerlo no lo hacen por temor. Se dice entonces que estos órganos límites deben cumplir con sus deberes por razones morales, por puro respeto a la norma jurídica. Por eso la Corte Constitucional debería mostrar un comportamiento ajustado a derecho, impoluto, para ganarse el respeto del país. Pero no. Sus sentencias hay que cumplirlas por venir de quien vienen, no porque estén ajustadas a derecho. ¡Lástima!
La sentencia sobre el fuero militar es el final de un sainete en el que, hay que reconocer, no solamente la Constitucional tiene responsabilidad. Empieza por un acuerdo interadministrativo en el que el ministro de Defensa Ospina y el fiscal Iguarán derogaron el artículo 221 de la Constitución que establecía -con un texto de más de 100 años- el fuero militar. Y cuando el Consejo de Estado dijo que ese acuerdo era inconstitucional, el ministro de Defensa Gabriel Silva, hoy asesor del presidente Santos, apeló. Los procesos (excepto llegar tarde a la fila de formación) contra militares pasaron a la justicia ordinaria, con jueces venales o ignorantes del derecho militar o del derecho internacional humanitario, en muchos casos con testigos falsos. Como dijo alguien, los militares, que ponen el pecho a las balas para defendernos, cayeron en manos de jueces a veces cooptados por las Farc.
Eso fue lo que trató de corregir la reforma constitucional, aprobada por el Congreso soberano, poder constituyente derivado y único con esa facultad, luego de dos años de trámite y discusiones. Pero ¡horror! hubo una ocasión en que se citaron dos sesiones, de Comisión que discutía la reforma y de plenaria que ejercía control político, que coincidieron por unos minutos aunque la plenaria no había comenzado por falta de quórum. Por ese detalle “así de chiquitico” la omnipotente Corte Constitucional tumbó no un reglamento, ni un decretico, ni siquiera una ley, sino una reforma constitucional. Como dijo el magistrado Jorge Pretelt, sus colegas “se inventaron un vicio de procedimiento con el objeto de evadir el análisis de fondo de un tema tan importante”. ¿Enemigos de los militares? ¿Coqueteando con las Farc? ¿Temerosos de las ONG internacionales? ¿Prepotentes? No lo sabemos.
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Coda. Mis respetos al magistrado Pretelt que no se cobijó con el silencio cómplice que tiene establecido la Corte.