Cortos se quedan los adjetivos a la incomprensible y aún vigente situación de rebusque de comida, por parte de niños y adultos, en el relleno de basura, técnicamente denominado relleno sanitario, de la capital del Vichada, como lo mostró a mediados de enero el programa de Los Informantes, en Caracol Televisión.
Realmente se hace tripas corazón ver como indígenas y/o, migrantes, escurren o lamen las boronas o restos de comida de paquetes o botellas en medio de las montañas de basura. No parece que estuviéramos en pleno siglo XXI, en un país como Colombia que ocupa el puesto 52 entre 113 países en el Índice Global de Seguridad Alimentaria (GFSI) de 2021.
Es una problemática social que va más allá de la falta de alimento, dadas las condiciones económicas y territoriales de algunas comunidades indígenas, especialmente los Amorúa, entre ellos y sumados migrantes venezolanos, también indígenas en su mayoría, muchos retornando, con la potestad de los seis resguardos existentes para recibirlos o no, dados en ocasiones problemas de convivencia.
Los asentamientos ilegales como el censo de habitantes indígenas se han duplicado y se cree que la política debería trascender hacia las distintas etnias de la región, tanto para los Amorúa como para los Sikuani, Piapoco, Puinave, entre otras, hasta llegar a plantear un tema de reubicación de las zonas marginales.
El gran interrogante es por qué no se ha podido dar una solución a una denuncia que viene desde años atrás y darle un énfasis de carácter más inmediato, al menos para evitar, como única posibilidad de saciar el hambre, de hacerlo con comida de la basura.
La Defensoría del Pueblo bien denunció los hechos, los medios de comunicación, en especial en la región han presentado esta cruda realidad, como el diario El Morichal y la periodista Gardenia Rebolledo. La Procuraduría, por su parte, instó a la gobernación y alcaldía a tomar medidas. Igualmente lo han hecho la voz de la cabildante gobernadora, Henny Gutiérrez, y distintas instituciones del gobierno con el apoyo de distintas organizaciones no gubernamentales, con planes bien vistos para largo plazo pero que parecen no ser efectivos en el inmediato futuro.
En contraste, hacia mediados del año anterior, la Cámara de Representantes anunciaba que el Vichada podría convertirse en la despensa agrícola para alimentar al pueblo colombiano, una vez se desarrollaran vías entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño y luna mejor interconexión con el departamento del Meta, con grandes posibilidades en soya, maíz, arroz y marañón.
Que los hechos se sigan presentando, con el dolor para cualquier colombiano, es una demostración de no haber encontrado la solución. El Plan de Atención Integral para los Amorúa no ha surtido el impacto requerido.
Cuenta el gerente, Arnold Zarta, de la Empresa de Servicios Públicos de Puerto Carreño EMPCA S.A Esp, encargada del relleno, que continuamente pueden verse cerca de dos centenas de personas entre adultos, mujeres y niños dedicados a esa práctica.
Distintas organizaciones no gubernamentales como Acción contra el Hambre, Acnur, Pastoral Social, Unicef, el Consejo Noruego de Refugiados, Corporación Infancia y Desarrollo, las Agencias de Cooperación Suiza e italiana (Cosude), han hecho aportes por más de 6.300 millones de pesos, según informe del 2020, pero la problemática sigue y debe ampararse bajo la noción de emergencia humanitaria nacional.
*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI