Los medios de comunicación  han noticiado que en el país cerca de 4.1 millones de personas padecen algún grado de enfermedad renal crónica, enfermedad que cobra un promedio de 10 mil vidas cada año. Una “epidemia” que estimula  manifestaciones personales dramáticas, respecto de la conducta de los pacientes. “Prevenir debería ser un imperativo a la hora de abordar males que afectan de manera masiva a la humanidad”, se predicó el “Día universal del Riñón”.

En “El Nuevo Siglo” se afirmó que” Las enfermedades renales surgen frecuentemente en poblaciones que habitan en condiciones sociales de pobreza, discriminación de género, falta de educación, riesgos laborales  y contaminación”. “El Tiempo”, también,  aludiendo a las políticas de salud, en esa fecha, sostuvo que se debería  “garantizar espacio y condiciones para la actividad física”.

Clara López Obregón, siendo Secretaria de Gobierno del Distrito, decretó una multa de $2´500.000 para quienes orinaran en el espacio público. Esta arbitraria reglamentación, por parte de quien no detentaba el poder de policía, fue recogida en el represivo Código Nacional,   contemplando como contravención, “orinar en vía pública, personas que perturban el normal desarrollo de actividades sociales”.

Sobre este asunto, en esta columna aduje, el 14-10-2009: “Por hacer ‘pipi’ en público el incontinente podrá, si es sorprendido, correr el riesgo de caer en la ruina, según especie que circula en los medios, a raíz de una legislación ad-hoc  expedida por el Alcalde Mayor en uso de facultades de dudosa constitucionalidad”. Alegando que la ciudad no tiene baños públicos.

Curiosamente cuando los agentes de policía realizan vigilancia patrullando en sus caballos, es corriente ver esos rocinantes  defecando y orinando en los andenes y en los prados; igual ocurre con sus perros. Y qué no decir de los gatos silvestres y de los canchosos que deambulan por la ciudad. ¡Y las palomas que invaden  las plazas y los andenes! ¿Hay un divorcio en la cultura de los agentes del orden? Averígüelo con Atehortúa.

La semana que pasó, a un funcionario que sufre de la próstata, lo exhibió la policía en T.V., regañándolo e imponiéndole un comparendo, porque lo observó en  la noche, en una zona solitaria, haciendo “chichi”. El video, además de violar la prohibición contenida en el artículo 12 de la Constitución, confirma lo que se ha venido denunciando acerca de la política fiscal que patrocina el Código de Policía  promovido por Santos y dizque para asegurar la “paz”. Multas...multas…recurso fiscal.

En Bogotá, ahora,  conviene  imponerlas a diestra y siniestra. En materia de policía  la cantidad es alarmante, amén de las negociaciones de cohecho y peculado que inducen.  Con esa gestión se indispone, gravemente,  al gobernado con los agentes, pero  se recaudan recursos para comprar motocicletas y otros elementos, por eso es mejor que la gente contravenga y no actué cívicamente, una política de boca y rejo que maltrata una próstata que protesta  orinando en la calle. Léase a William Ospina: El Espectador 17-3-2019, “La multa a un poeta”.