No sube la temperatura en las propuestas de los candidatos a la presidencia. Lo dicho por los aspirantes, recoge lo lógico, reclamado en alto porcentaje por la ciudadanía, sin ir más allá en creatividad.

Proponen viraje en favor de justicia fuerte, empleo, educación masiva, economía equilibrada para todos, impulso contundente a agroindustria y salud eficiente, con experiencia para administrar; y nada más.

Si al menos estos puntos se cumplieran con exactitud y a cabalidad en su contenido, se diría dentro de cuatro años que el elegido presidente habrá salvado la validez de su credencial.

Lo expuesto hasta ahora son platos tibios, en mesa de propuestas que muestran  juego temeroso en el área de gol, como dirían los comentaristas futboleros.     

Destacable el ojo avizor de la Agencia de Contratación Estatal contra manos traviesas en licitaciones y adjudicaciones que se agitan en  procesos electorales.

Son disposiciones vigentes desde el pasado 27 de enero, al regir restricción de contratos con particulares, según Ley de Garantías que prohíbe suscribirlos antes de elecciones; por encima es buena intención y, por debajo, hay dudas para cumplimiento transparente.

El adagio popular recuerda que nunca faltan expertos en “hacerle quiebre al billete”, en elecciones o en eventos nacionales, sacando dinero como sea.   

Según la Agencia de Contratación Estatal, 2017 cerró con 26 billones de pesos en contratos; y en lo corrido de este el año se ha suscrito   financiación por 93 mil millones de pesos.

Está por verse quiénes firmaron y para invertir en qué, justamente al iniciarse un año electoral. El ojo abierto también le corresponde al Ministerio de Hacienda y a Auditoría de la Nación.

Se tendrán que revisar presupuestos, toda vez que el año pasado la contratación alcanzó el 70 por ciento con entidades territoriales; falta ver si fueron para asuntos prioritarios de la comunidad, o si ya había intención de financiar política para este año.

Como las maniobras le ganan a la honestidad, cabe preguntar si esos contratos eran para obras sociales o de desarrollo, porque huelen a política desde noviembre, pensando en disfrazar recursos.

Habrá que creer que el Auditor General de la Nación se compromete a seguir, con lupa, a auditorías regionales para verificar que cumplieron la suspensión desde el 27 de enero.

La Registraduría confirmó que las votaciones para candidatos únicos a la Presidencia el 11 de marzo,  valen 33 mil millones de pesos; incluyen inversión en tarjetones y urna especial. Es una suma -´altonga´- para el bolsillo del país.            

Y en la pretendida transparencia para elegir Congreso, ojalá se establezca si en la fila hay más antecedentes judiciales por fuera de 76 aspirantes impedidos a Senado y Cámara.

Para Presidencia, lo visto son reuniones de compromiso, abrazos, promesas y acomodo de coaliciones sin ideas. Todo lo dicho, son platos tibios sin creatividad para reestructurar el país.