En los últimos meses hemos sido testigos de un número grande de huelgas, paros y protestas de diferentes sectores, frente a lo cual el Gobierno ha manifestado que se trata de una acción y expresión popular que está protegida por la Ley. En efecto, la protesta social no está prohibida y es una expresión de la democracia garantizada por la Ley. Pero aquí lo importante no es quedarnos en el simple hecho de reconocer el sustento legal de la protesta, sino que es fundamental analizar por qué se hacen y organizan, así como preguntarnos si el país y el Gobierno están preparados y en capacidad de darle solución a los temas por los cuales se protesta.  

Y el punto cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que hay muchas de estas manifestaciones de inconformidad, y por qué no decir que la mayoría, que se vienen dando por el incumplimiento de compromisos pactados por el Gobierno en acuerdos que han realizado en el pasado. Eso ha sucedido con el sector del transporte, de los campesinos y en los casos de Tumaco y Buenaventura, también en gran parte, por mencionar sólo algunos.  Y esto lo que evidencia es que no podemos continuar pactando lo que no es posible cumplir o, peor aún, pactar algo y después someternos a un incumplimiento por ineficiencia del Gobierno en cumplir.  

La preocupación mayor surge cuando se observa que incluso frente a los acuerdos de paz ya se están presentando incumplimientos, porque en este caso se puede aumentar, de manera rápida y peligrosa, las manifestaciones y protestas sociales e incluso presentarse alianzas con distintos grupos o regiones inconformes, desestabilizando en su integridad el territorio nacional. Para nadie es desconocido que esa puede ser también una estrategia de desinstitucionalización  y caos que nos puede llevar a dificultades mayores.

Y es que no se trata de prohibir la protesta social sino todo lo contrario, ser responsables frente a la misma asumiendo con total responsabilidad lo que se pacta.

El Estado no está propiamente pasando por momentos de bonanza financiera como para pactar compromisos que desde el inicio se puede concluir que son imposibles de materializar. Por tanto, todos los pactos que se hagan simplemente por salir del problema o de los paros y protestas del momento sin medir su viabilidad financiera real, lo que terminarán haciendo será proyectar más protestas sociales en el futuro que nos puede llevar a la ingobernabilidad. No pueden por tanto los funcionaros ser irresponsables en sus responsabilidades públicas apagando temporalmente incendios y dejando llamas prendidas que conduzcan el día de mañana a consecuencias catastróficas. Eso lo único a lo que nos lleva es a empeorar las perspectivas de futuro y dará mayores y nuevas razones para los paros y huelgas. El país necesita tener consciencia que tenemos, como se dice en el lenguaje popular, que amarrarnos los pantalones y ser más austeros en el gasto público y serios en lo compromisos que adquiramos si queremos un futuro con gobernabilidad e institucionalidad.