Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños.
Khalil Gibran
Un Estado, un gobierno, unas autoridades que se vanaglorian por dar de baja a niños, que en la realidad son víctimas de la misma violencia y de la falta de la autoridad estatal en sus regiones, no es un Estado viable.
Es indudable que la responsabilidad de lo sucedido con los menores en este bombardeo, recae sobre los bandidos y terroristas que secuestran a los niños, para obligarlos a tomar las armas y delinquir, o convertirlos en guerrilleros; ellos son los que tienen que responder por este criminal acto, de separar a los menores de sus padres y familia, para llevarlos a una guerra que no es de ellos.
Esos niños tienen derecho a disfrutar la vida, a ser útiles a la sociedad, a estudiar y progresar.
Y son víctimas porque el Estado es el responsable de su secuestro por la falta de su presencia y autoridad en muchas regiones del país. No coparon las regiones en las cuales ejercían control las exFarc y por eso estamos viviendo desplazamientos, asesinatos de líderes y el reclutamiento forzoso de menores de edad.
Es una realidad que con esta última matanza, independientemente de cuantos menores cayeron en el bombardeo, lo crítico es la actitud negligente de las autoridades las cuales están obligadas por normas constitucionales y legales y por el derecho internacional humanitario de rescatar a los menores antes de bombardear.
De manera que es desafortunado lo dicho por el señor Diego Molano, actual Ministro de la Defensa, al afirmar que los niños eran máquinas de guerra.
El operativo se realizó el 2 de marzo en Calamar, departamento del Guaviare, un pueblo ubicado en la zona amazónica de Colombia. El objetivo del Ejército colombiano era dar de baja al disidente alias Gentil Duarte, comandante de una de las disidencias de las exFarc.
Pero a la luz del Derecho Internacional Humanitario no es justificable el bombardeo a sabiendas de que había menores de edad, llevados allí contra su voluntad.
Por ello, los menores deben ser reconocidos como víctimas justamente porque el reclutamiento forzado es un crimen. Por eso la opinión pública nacional en internacional consideran desafortunadas e irresponsables las expresiones del ministro de Defensa y más aún cuando viene de ser el director del Bienestar Familiar, entidad encargada de atender y proteger a los menores de edad.
Si el Gobierno sabía a través de información de inteligencia que ubicó el campamento, que ahí podía haber niños, lo correcto a la luz del Derecho Internacional Humanitario era que, por el principio de precaución, no debería haber bombardeado.
El Estado colombiano tiene la obligación de ser garante de los derechos constitucionales y el hecho de considerar a un menor como máquina de guerra se aparta de todo el deber legal y constitucional en materia de derechos humanos. Debería crearse una comisión interinstitucional para aclarar lo sucedido.
La paz siempre será el camino.