Ante injustificables atropellos
“Se quiere chantajear a gentes humildes”
Ante el proyecto de construir nueva hidroeléctrica en el Huila, “El Quimbo”, luego de haberse puesto en funcionamiento la de “Betania”, con presentación muy positiva en toda Colombia, hubo, en general, entusiasta acogida a esa nueva obra. Sobre Betania pronto comenzaron fundadas críticas por la pérdida en la inundación de 3.000 hectáreas de excelentes tierras, por el poco beneficio para la región del fluido eléctrico, por el incumplimiento de adecuación de hectáreas para la producción agrícola como compensación de las inundadas.
Apenas iniciadas las gestiones de construcción de la nueva represa comenzaron serias críticas, pero se tildó la oposición de intención política. Los defensores de esa empresa, desde el principio, recurrieron a toda clase de argumentos y ardides para defenderla a toda costa, y descalificaron toda crítica en contra, así fuera desde ponderados sectores de opinión.
Se les puso de manifiesto, siempre, que era indispensable asegurar la necesaria justa compensación económica a todos los humildes propietarios de las tierras que iban a ser anegadas. Toda advertencia fue ignorada, lo mismo, y más grave, los compromisos de justa compensación ofrecida. Múltiples advertencias se hicieron, desde distintos sectores de la opinión, sobre la gravedad de cuanto se estaba perpetrando, y, ante la imposibilidad, ya, de no realizarla, se pidió que se la detuviera hasta que se asegurara que todo se efectuaría con los debidos cumplimientos, con defensa de la ecología, y justicia con los humildes agricultores desplazados.
Pasando por encima de todos esos llamados, bajo la mirada impasible del Gobierno, se llegó a completar las obras, hasta poner en marcha las turbinas de la hidroeléctrica. Se realiza ello con palpables incumplimientos en innumerables casos de justa compensación a centenares de humildes propietarios, a quienes se los ha trasladado a tierras inhóspitas, sin cumplirles con provisión de agua, ni siquiera con escritura pública de esos terrenos.
En esas condiciones, a ciencia y conciencia de esos graves incumplimientos, el Gobierno nacional, por encima de claras advertencias, da orden de poner en marcha la hidroeléctrica. Afortunadamente, Magistrados de Tribunal Administrativo, con coraje y gran carácter, salieron en defensa de los derechos de los humildes y dieron la orden, avalada por la Corte Constitucional, de detener el funcionamiento de la hidroeléctrica hasta que se garantice, realmente, el cumplimiento de la empresa con obligaciones de la más elemental justicia.
Pero se ha empeñado, luego, el Gobierno, cómplice de esas manifiestas injusticias, en buscar que se haga caso omiso de tan justificada medida, y querer justificar su funcionamiento, no obstante los gravísimos atropellos cometidos, engrandeciendo los perjuicios que traería esa detención con la pretensión de que tenerla activa es indispensable para hacer frente al “fenómeno de El Niño”, y por grave envenenamiento de agua si no se la mantiene activa. Esa ha sido la actitud del Gobierno ante esos magnos e injustificables atropellos, sin intervenir, en forma confiable, para que se cumpla de parte de la empresa a las gentes que están padeciendo grave injusticia.
¿Qué hacer?: pues exigir a la empresa constructora que dé seguridad efectiva al cumplimiento de sus obligaciones, de lo contrario ella y el mismo Gobierno, son los culpables de los graves males, al no funcionar la hidroeléctrica, pues no se puede levantar la justísima medida de que no funcione hasta que no se garantice el no atropello de los damnificados. Sin eso debe seguir en firme la medida. Con dignidad, honorabilidad y real justicia, se ha de resolver este gran problema, y no con injustificables atropellos, con evidente desmoralización, más grave que las catástrofes, con que quieren chantajear a gentes humildes, y a todo el país.
*Expresidente Tribunal Ecco. Nal.