He sido, soy y seré un defensor y además constructor de una solución política al conflicto armado que por más de cinco décadas hemos vivido los colombianos. Esto no quiere decir que deje de expresar mis preocupaciones y alerte sobre lo que considero debe observarse para que la solución a la que se llegue sea viable, sólida y por tanto duradera, por enmarcarse en los principios de verdad, transparencia, justicia y reparación de las víctimas.  Dentro de estas preocupaciones he llamado insistentemente la atención sobre el hecho que la construcción de una paz no socializada y frente a la cual no se haga la pedagogía necesaria, que debe ser amplia para que se entiendan en todo los alcances de los acuerdos efectuados, es una paz débil ya que pierde respaldo y se vuelve vulnerable a sus críticos.

Es por esto que he reiterado la necesidad de explicar a los colombianos que los acuerdos buscan una salida política del conflicto porque por la vía militar en la que llevamos actuando desde el inicio del mismo no hemos logrado construir un escenario de paz y convivencia. De ahí también que se tenga que acudir a una justicia transicional y no a la aplicación del código penal actualmente vigente.  El objetivo claro de la salida política del conflicto armado, entonces debe entenderse dentro del marco de una negociación en la que ambas partes ceden en procura de un fin superior como lo es la paz y ello debe explicarse y socializarse sin descanso. 

Otra de mis alertas ha estado centrada en la necesidad de garantizar el cumplimiento y la financiación de lo pactado.  Una vez firmados los acuerdos lo que sigue es lo que algunos denominan posconflicto y otros pos- acuerdos y que resultan ser cruciales en el futuro de construcción de la paz. La verdad es que los acuerdos hasta ahora conocidos exigen de un presupuesto elevado que sería bueno que el Gobierno diera a conocer y le explicara a la opinión pública.  Igualmente se requiere conocer un cronograma de ejecución de todo lo pactado, al igual que lo hicieron en el tema del cese bilateral del fuego ya que sería muy grave, tanto a nivel nacional  como en el escenario internacional, que no se garantizara el cumplimiento de lo pactado.

Y es que la situación fiscal de Colombia no está pasando por su mejor momento. Es más, se requiere de una reforma fiscal para poder atender el déficit y claro está que a pesar de la urgencia, el Gobierno parece no la realizará antes de presentar a consideración del pueblo el hoy debatido plebiscito, pues más impuestos no ayudan a obtener un sí del instrumento jurídico al que nos hemos referido. Y por otra parte, si no se cumplen los pactos tendríamos como consecuencia que los miembros de las Farc, ya en ese momento dentro del Estado de Derecho, manifiesten su inconformidad de manera directa y a través de la protesta social recordando lo que hemos vivido en los últimos tiempos en el país en sectores como el transportador, el agrario, el cafetero y algunos otros. Esa es la dimensión de lo que puede venir si hay incumplimientos. 

En fin, soy un convencido de la paz y de la salida política al conflicto colombiano, pero considero que en estos momentos requerimos de mayor conocimiento de lo acordado, de mayor socialización del proceso y de sus implicaciones y de un mejor entendimiento de las implicaciones financieras y de implementación de lo pactado.