La creación de la JEP está viciada desde su origen. Políticamente no era necesaria para concluir las negociaciones entre Santos y Timochenko, así los dos repitan que es la pieza central del proceso de conversaciones.

Tampoco la justifica el argumento de que si no hubiera nacido habría sido imposible concluirlas, debido a la actitud de las Farc.

Por supuesto que ese grupo iba a pedir el oro y el moro, y lo hicieron.

El gran pecado, mirado desde la orilla de la institucionalidad, es que el Gobierno cedió a sus presiones y aceptó darle vida a una jurisdicción paralela que solo daños causará en la nación, empezando por debilitar, aún más, la débil y desprestigiada estructura del poder judicial.

Lo que pasó es que el jefe del Ejecutivo, en su afán, e inspirado por motivos cuyo análisis es mejor dejar para otra columna, terminó aceptando el concepto de justicia de los herederos de Marulanda.

Esa organización delincuencial advirtió que no se irían ni un solo día para la cárcel, no aceptarían que se les aplicaran las mismas leyes que se le habían aplicado a otros, y que a ellos no se les podía señalar como responsables de las atrocidades porque los males del país era consecuencia de los actos de todos.

Y así fue.

Juan Manuel Santos, obsecuente, le dijo que sí a todo eso, firmó, y le dejó un legado a Colombia de consecuencias impredecibles por su magnitud, pero, en todo caso, malas, muy malas.

Es tan grave lo que está sucediendo, que la estructura del poder judicial se reformó en La Habana, como si allá hubiera sesionado el congreso o una asamblea nacional constituyente.

Es tan grave lo que está sucediendo, que el código penal se modificó en Cuba, a raíz de las deliberaciones de un cuerpo que sustituyó el poder legislativo colombiano.

Es tan grave lo que está sucediendo, que arrasaron con el principio del juez natural.

Es tan grave lo que está sucediendo, que arrasaron con el principio de legalidad.

Es tan grave lo que está sucediendo, que arrasaron con el principio de no retroactividad en materia penal.

Es tan grave lo que está sucediendo, que omitieron cumplir los estándares internacionales en materia de penas a los culpables de los delitos de trascendencia.

Es tan grave lo que está sucediendo, que consagran una competencia material, personal y temporal indefinida.

Es tan grave lo que está sucediendo, que no se define el concepto de partícipe indirecto de un delito cometido con ocasión del conflicto.

Es tan grave lo que está sucediendo, que no se define el concepto de partícipe indirecto de un delito cometido con ocasión del conflicto dentro del contexto.

Es tan grave lo que está sucediendo, que se abre la puerta para que la jurisprudencia del tribunal de la JEP cree nuevos tipo penales.

Es tan grave lo que está sucediendo, que permiten que el narcotráfico sea delito conexo al crimen político.

Es tan grave lo que está sucediendo, que permiten que el secuestro de miembros de la fuerza pública sea considerado como conexo al delito político.

Es tan grave lo que está sucediendo, que permite que los culpables de los más graves delitos, miembros de las Farc, puedan ser elegidos inmediatamente.

Es tan grave lo que está sucediendo, que quedan sujetos a la nueva jurisdicción autónoma, al mismo tiempo, el terrorismo, las fuerzas armadas, y la sociedad civil.

Y es tan grave lo que está sucediendo, que el acuerdo Santos-Timochenko será parámetro de interpretación de la JEP y fuente de derecho procesal en esa jurisdicción.

¡Qué horror!

Los muros de las facultades de derecho lloran lágrimas de dolor ante tanta barbaridad jurídica.