¿Existe voluntad de paz?

Preocupan  las noticias desde el 20 de enero cuando  finalizó el supuesto cese el fuego de las Farc, (atentados, golpes a militares, ataques terroristas a instalaciones escolares, secuestro de dos patrulleros en el Valle del Cauca) etc. nos obligan a poner en tela de juicio el que exista voluntad de paz por parte de las Farc.

Hago parte de los millones de colombianos que ansía la paz y por ella estaría dispuesta a hacer los sacrificios personales que fueren necesarios. Pero el haber sido Ministra de la Defensa Nacional me genera obligaciones y responsabilidades adicionales a las del resto de colombianos para ir a tomar este tema con ligereza  como si prevaleciera una agenda personal.

Siempre he creído que la terminación de este conflicto requerirá una salida negociada y me consta que fue ese el ofrecimiento repetido del presidente Álvaro Uribe en su primer gobierno. Por ello, en el documento de la Política de Seguridad Democrática que dejamos escrito en el 2003 se decía textualmente: ”El Gobierno Nacional mantiene abierta la puerta a una negociación con aquellos que se decidan a participar en la vida democrática, con la condición de que cumplan un estricto cese de hostilidades. Así disminuirá la violencia y aseguraremos el respeto a los derechos humanos. La consigna del Gobierno es: urgencia para el cese de hostilidades, paciencia para la negociación y el desarme. Quienes se reintegren a la sociedad y la vida democrática tendrán todas las garantías para ejercer la política que merece el disidente dentro de la democracia”.

Es inaceptable que a quienes expresamos reservas sobre un proceso que se inició prematuramente y al parecer con una agenda política más que con una de interés nacional,  se les descalifique como enemigos de la paz. Nadie más y nadie menos que la propia Iglesia Católica acaba de manifestar a través del Secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Falla, que el proceso de paz empezó mal. “… empezó mal porque  primero debe haber libertad de secuestrados, que siempre es lo que hemos pedido. La Iglesia ha pedido que liberen secuestrados como condición para lograr la paz", y resaltó que hay que reconocer: aún "hay niños que están reclutando para la guerrilla”.

En mi caso escribí una columna el 11 de octubre expresando que en el momento de sentarse a la mesa, deberían ofrecer a la sociedad colombiana una cosecha temprana del proceso, garantizando unos mínimos de elemental humanidad y compromiso con el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. Los mínimos para construir confianza, escribí entonces, han debido ser:

·      Compromiso de no continuar el reclutamiento de menores para las filas de Farc.

·      Compromiso de suspender acciones terroristas contra la población civil y la infraestructura física. Que afectan sobre todo nuestras zonas rurales.

·      Compromiso de suspender el minado y la utilización de armas no convencionales e indicar lugares donde han sembrado minas para frenar la mutilación diaria de soldados, policías y civiles.

·      Compromiso de devolver a todos los secuestrados en su poder.

 Si este grupo terrorista hiciera al menos una demostración de paz entregando al Gobierno del presidente Santos el mapa de minas sembradas a lo largo del territorio nacional, tendríamos algún motivo para la confianza. Lamentablemente, luego de 5 meses de comenzado el proceso y 2 años después de iniciadas las conversaciones con el Gobierno, de nuevo hay  extorsiones e intimidación a la población civil, salpicadas de uno que otro secuestro en diferentes lugares del país y el anuncio de un paro armado desde el 1 hasta el 21 de febrero.

Los medios guardan una actitud prudente frente al deterioro del orden público, pero al observar a diario las noticias resulta difícil no estar escéptico. La preocupación de Colombia otra vez asediada por la presión de los terroristas es real, es legítima y angustiada. Este no es un tema político de oposición uribista como sugiere Semana.

El Gobierno y el equipo negociador deben entender que el país reclama claridad y un escenario de tiempos para tener un mínimo de confianza en esta apuesta que bien podría llevarnos a acelerar los indicadores de evolución de Colombia, o por el contrario, a pesar de los indicadores positivos de la  inercia que traía el país, se podría generar un retroceso en la confianza, la inversión y en el progreso de nuestra sociedad.

Como dice el Procurador, doctor Alejandro Ordóñez: “A la paz no se llega a cualquier precio”. Es urgente mostrar pronto hechos concretos de avance que justifiquen continuar.