La protesta de los “chalecos amarrillos” que comenzó el 17 de noviembre de 2018 y se prolongó por más de un año -cada sábado- en Francia, marcó el inicio de la fase actual de un proceso que ha tomado distintas connotaciones en muchas partes del mundo. Pero, que comparte y expresa un sentimiento común: el rechazo a la exclusión por un modelo económico que ha llevado a las clases bajas y medias a la periferia del sistema en múltiples dimensiones (C. Guilluy-2019). Y justamente ha sido desde las periferias urbanas y rurales que se ha organizado y manifestado la protesta social.

Tal vez los antecedentes de lo que sería un fenómeno del siglo XXI se encuentren en la emergencia de movimientos como “Occupy Wall Street” en respuesta a la crisis financiera de 2008 y “Black Lives Matter” en 2013 y sus denuncias del racismo estructural y abuso policial en Estados Unidos que se han extendido hasta hoy.

En este sentido, el 2019 con el estallido social en Chile y las jornadas de protesta en septiembre en Colombia, anunciaban un malestar creciente. Estado y economía estaban siendo directamente interpelados por reformas en políticas de empleo y pensiones; acceso y costo de servicios esenciales y el ejercicio de derechos fundamentales afectados por las dinámicas de una economía de mercado globalizada y financiera.

En 2020 irrumpió la pandemia del covid-19 y profundizó la crisis, mostrando las falencias en los sistemas de salud; las tensiones en las relaciones de los gobiernos centrales, regionales y locales; las brechas de la desigualdad y la baja capacidad de respuesta de los gobiernos. Y el 28 de mayo de 2021 comenzó el estallido social en Colombia que ha llamado la atención de la comunidad internacional.

En Francia, tras el fracaso por deslegitimar la protesta, el presidente Macron reconoció las fallas del modelo y la necesidad de extender beneficios a las clases populares. Reconoció sorprendido la brecha entre la elite de la administración del Estado y los ciudadanos. Adelantó una conversación nacional, y en abril de este año anunció la supresión de le Escuela Nacional de Administración, transformándola en un Instituto del Servicio Público. Es decir, buscando pasar del elitismo a un modelo abierto, incluyente y diverso. Ojalá lo logre.

En Chile, el presidente Piñera también, después de intentar deslegitimar la protesta, reconoció las fallas del modelo económico y las justas demandas por la inclusión y las reformas estructurales. Se pactó una Asamblea Constituyente que fue elegida en mayo de este año para adoptar una nueva Constitución.

En Colombia, aún no hay negociación, todavía se está en la etapa de intentos por deslegitimar la protesta -modificación del Decreto 003/21 hace parte de ello- y el presidente Duque no parece ser de la idea de reconocer las limitaciones del modelo económico -inclusive el presidente Biden lo ha hecho en EE.UU.-. Es fundamental pactar las reformas -dialogar-. No hay conspiración contra el gobierno ni contra las instituciones. Es un fenómeno nuevo, es la lucha cívica de quienes, desde las periferias, al no sentirse representados, reclaman su justa inclusión. Y por ahora son movimientos sin fecha de vencimiento.

@Fer_GuzmanR