Colombia y los derechos humanos 

A  raíz de las manifestaciones antigubernamentales de hace algunos meses, el régimen venezolano empezó a perseguir a sus animadores con el arma de los autócratas que quieren aparecer como defensores del estado de derecho: acusando a sus enemigos de supuestos delitos. Si los capturan la condena es segura, en algunos casos ni se molestan en seguirles un proceso. Para no ser encarcelados muchos de los perseguidos emigran y es así como varios venezolanos han logrado escapar al exterior, a los Estados Unidos, Centroamérica, algunos a Colombia, entre ellos algunos líderes estudiantiles como Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valle quienes se sintieron seguros en nuestro país, tradicional defensor de los derechos humanos (recordemos al peruano Víctor Haya de la Torre y recientemente al dirigente venezolano Pedro Carmona). No contaban estos muchachos con la floreciente “amistad” entre Bogotá y el régimen “acompañante” de las negociaciones de La Habana. Pues bien, repentina y sigilosamente Gómez y Valle fueron deportados, no a un tercer país como se hace cuando se temen las represalias físicas contra los opositores, sino entregados directamente a la “Gestapo” del régimen, el temido Servicio Bolivariano de Inteligencia, el Sibin, La decisión colombiana ha sorprendido a todo el mundo. Nadie imaginaba que Colombia violaría los derechos humanos de unos estudiantes, por más vociferantes que fueran contra el régimen dictatorial del vecino país. Gómez Saleh y Valle fueron pedidos con el pretexto de “intimidación al orden público, incertidumbre pública y divulgación de informaciones falsas”. Se trata claramente de acusaciones políticas aunque nuestras autoridades tratan de justificarse torpemente aduciendo que los permisos que tenían los jóvenes habían vencido y que legalmente pueden expulsar a los extranjeros que “realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública" o cuando otro país haya expedido "una orden de captura por delitos comunes”. Vimos cuales son los delitos comunes que Venezuela alega y las razones colombianas: haber “realizado actividades proselitistas, expresamente prohibidas por las normas migratorias, que llegaron incluso a la agresión personal contra personajes de la vida pública nacional”, actividades que consistieron en participar en reuniones anti chavistas y la agresión personal contra personajes colombianos el haber increpado, en marzo último, a Antonio Navarro Wolf, por no protestar contra las muertes de estudiantes venezolanos, lo que fue respondido por Navarro con un intento de agresión física contra Lorent Gómez. Además, sacar esa excusa seis meses después del incidente es traído de los cabellos. La verdadera razón, sin duda, es querer ganarse la simpatía del régimen castro chavista para que contribuya a moderar las pretensiones de las Farc. Maduro le pidió a Colombia la entrega de los estudiantes y nuestro gobierno accedió inmediatamente. ¿Dónde están los izquierdistas defensores de los derechos humanos? ¿Por qué Colombia no pide la entrega de Timochenko y demás guerrilleros con santuario en Venezuela?