Soberanía y globalización

El presidente venezolano pide, en su estilo ramplón, que otros países, en particular Colombia y Chile, no interfieran con su “soberanía” y les reclama que no tienen derecho alguno para emitir opiniones sobre la forma en que Venezuela es gobernada. Según Maduro, Venezuela y los regímenes autocráticos, tienen pleno derecho, en virtud del principio de la soberanía nacional, a hacer y deshacer dentro de sus territorios sin más leyes que las que ellos mismos se den. Consideran que esta libertad de acción es absoluta y quien siquiera opine contra la forma en que la ejercen viola esta soberanía. Para Maduro, en desairada declaración, Juan Manuel Santos y Sebastián Piñera interfieren ilegalmente en los asuntos internos de Venezuela cuando piden (tímidamente y después de haber endosado tácitamente los regímenes autoritarios en la reunión de la Celac) que chavistas y oposición dialoguen y resuelvan pacíficamente sus diferencias, dentro del respeto a los derechos humanos. Piñera respondió al venezolano, Santos no. La izquierda totalitaria se quedó con la concepción de soberanía del siglo XVIII cuando, para terminar las frecuentes guerras, Europa, mediante los tratados de Westfalia, adoptó, entre otras cosas, el concepto de soberanía territorial de Bodin como el “poder absoluto y perpetuo de una República”, dentro de su territorio, dando origen al Estado-nación. Este concepto hoy día no es absoluto y el derecho internacional (y la opinión) no acepta que un gobierno pueda violar los derechos humanos y democráticos dentro de sus fronteras sin que nadie pueda discutirlo. Por eso existen las Naciones Unidas y los tribunales internacionales, inclusive la Unión Europea y la OEA. En la era de la globalización no solo existe una vinculación económica sino ideológica alrededor de los principios aceptados por los miembros. Por eso muchos tratados internacionales contienen, como el de la Unión Europea, la llamada “cláusula democrática” en virtud de la cual se debe sancionar a los Estados que violen los principios democráticos. Ningún país latinoamericano ha aplicado, por su tradicional complacencia con los gobiernos de extrema izquierda, esta cláusula, pasando por alto las más flagrantes violaciones a los derechos humanos y democráticos en Cuba, Venezuela, Argentina o Ecuador, entre otros. El rechazo de las prácticas antidemocráticas o violatorias de los derechos humanos no significa que ellas puedan corregirse coactivamente. Las Naciones Unidas y la OTAN han podido intervenir en algunas pocas situaciones en Estados débiles (Libia, Kosovo, Yugoslavia), aunque tardíamente. Ni siquiera las atrocidades de Corea del Norte, comparables con las nazis, han dado lugar a estas intervenciones. Quedan solo los llamados al respeto de los derechos y libertades básicas al menos como constancia de que no se condonan sus violaciones. Esperamos que las democracias no se atemoricen ante berrinches de los autócratas y demuestren, aunque sea verbalmente, su descontento. Hoy por tí, mañana por mí.