El verdadero poder

Nuestra democracia, la democracia representativa, se fundamenta en la existencia de tres “poderes”, independientes entre sí y cada uno con funciones esencialmente diferentes, aunque, en casos particulares, pueden superponerse uno a otro. Estos poderes son el Legislativo que, como en la cuna de la democracia moderna, Inglaterra, es el predominante ya que representa al pueblo, están también el Poder Judicial, cuya función es aplicar a los casos particulares e interpretar las leyes que dicte el Legislativo, pero no suplantar a este, y luego el Poder Ejecutivo, que implementa las leyes y las decisiones judiciales.

Recientemente y aprovechándose del respeto democrático por las decisiones judiciales (respeto que nuestro actual Gobierno no parece querer reconocer cuando estas emanan de tribunales supranacionales) se ha evidenciado una tendencia entre los jueces de varios países a suplantar al poder legislativo especialmente en Colombia donde bajo el pretexto de diferentes argumentos dialécticos (adaptar la intención del legislador a la situación actual, evitar supuestos perjuicios, conceder nuevos derechos que consideran justos, dar fuerza de ley a sus decisiones, sentencias retroactivas, de “ultra actividad” o con “efectos diferidos”, etc.), la Corte Constitucional, como dijo Alfonso López Michelsen, “ha desbancado al Congreso”.

Pero no son solo las Cortes los factores de desestabilización, ahora son jueces y empleados judiciales. La huelga de estos lleva ya 50 días y el Gobierno ha sido impotente para conjurarla. A pesar de que el fiscal general Montealegre declarara que el paro es “justo”, constituyéndose de facto en abogado de los huelguistas, es una huelga inconstitucional, la Carta prohíbe expresamente las huelgas en los servicios públicos esenciales (Art. 56) para evitar los gravísimos traumatismos que se producen cuando ellos se afectan. Pero ¿qué ha hecho al respecto el Gobierno? Veinte días después de iniciado el paro el Ministerio de Justicia pidió a un Tribunal y a la Corte Suprema la declaratoria de ilegalidad pero sus integrantes se declararon impedidos. El Gobierno no hizo nada más y ni siquiera consideró la declaratoria de estado de emergencia del artículo 215 de la C. N. (sí lo especuló para San Andrés), mientras, muchos juzgados siguen paralizados, las decisiones judiciales se retrasan aún más y numerosos sindicados salen sin ser juzgados por vencimiento de términos. Poco aliciente tienen los huelguistas recalcitrantes para volver al trabajo cuando sus salarios les son pagados pues su huelga “no es ilegal”. No pudieron atenderse 122.000 asuntos judiciales, 301 capturados debieron liberarse y se calcula el costo del paro en unos $ 110.000 millones. Pero los medios no protestan y no exigen que el Gobierno tome las medidas pertinentes para subsanar los perjuicios que esta situación trae al país, situación opacada por el fallo sobre San Andrés. Tenemos jueces legisladores, sindicatos judiciales violando la Constitución y una de las justicias más lentas del mundo. En resumen, el verdadero poder en Colombia es el judicial.