Y el paro continúa
Después de más de un mes continúa la huelga de los funcionarios de la rama judicial. Cuando el Gobierno creía haber llegado a un acuerdo con el sindicato, acuerdo según el cual se les concedía el 81% de lo que pedían, $ 1,22 billones sobre $1,5 b., Asonal se escindió y una mayoría, o una minoría más beligerante que la mayoría, a juzgar por la parálisis de los juzgados, se negó a aceptar el arreglo y hoy seguimos con la mayor parte de los juzgados cerrados, con criminales a punto de ser liberados por cumplimiento de términos, es decir, prescripciones de procesos, con más de cien familias extranjeras inmovilizadas en el país esperando la legalización de adopciones, etc. Si, según un estudio del Banco Mundial, Colombia ocupa el puesto 178, entre 183 países, en el índice de celeridad de la justicia, imaginémonos este índice para el año 2012.
No es cierto que Colombia destine pocos recursos a su administración de justicia. Dedica a ella el 0,9% del PIB, más de lo que dedican Francia, México o Brasil. Pero casi tan grave como los traumatismos adicionales que está sufriendo la justicia es la constatación de que el Gobierno es impotente frente al sindicato judicial. La declaratoria de ilegalidad, herramienta para esta clase de emergencias, parece imposible de ser aplicada. La huelga en los servicios públicos esenciales (pocas cosas más esenciales que la administración de justicia) está prohibida por la Constitución Nacional, precisamente para evitar graves traumatismos al país, sin embargo, el Gobierno, por intermedio del Ministerio de Trabajo, demoró más de 20 días para pedir al Tribunal Superior de Yopal y a la Corte Suprema de justicia, que se declarara la ilegalidad del movimiento, para encontrar que los magistrados no quieren siquiera tocar el tema, alegando, informaron los medios, que son parte interesada (y tienen razón) y por lo tanto estaban impedidos para decidir al respecto. Como si no existieran procedimientos legales para estos casos. El Gobierno decidió entonces no insistir sobre el tema. Pero, ¿cómo esperar tal declaratoria cuando el propio Fiscal General de la Nación, doctor Montealegre dice ante los medios que“La protesta social, las reivindicaciones sociales están protegidas constitucionalmente, por esta razón es una aspiración justa la que tienen los trabajadores de la Rama Jurisdiccional”? El Fiscal General está, ni más ni menos, respaldando la legalidad de una huelga en un servicio público esencial. ¡Por Dios! Además, no hay razón para que los huelguistas tengan mucha prisa en llegar a un acuerdo cuando sus sueldos les son pagados trabajen o no, pago que no se puede suspender, entiendo, mientras la huelga no se declare ilegal. Definitivamente, el Gobierno está maniatado. Uribe no pudo con las Cortes, las que siguen legislando a voluntad, Santos no parece poder con el resto de la judicatura que continúa paralizando la administración de la justicia.