Justicia, de mal en peor

Desde hace ya mucho tiempo, demasiado, las llamadas “altas cortes,” convirtieron al país y en particular al Gobierno, en sus rehenes. Para tratar de obtener sus simpatías, nuestros gobernantes les han aumentado sus remuneraciones en forma desmesurada. Naturalmente que, por razones presupuestales, no podían incrementar los sueldos del resto de los funcionarios de la rama jurisdiccional en las mismas proporciones, pero para mantener a estos contentos, les prometieron en 1992, sin fijar fecha ni monto, reajustarlos “sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad" y periódicamente se les daban bonificaciones adicionales.

Naturalmente que con el paso del tiempo y la depreciación monetaria, este reajuste llegaría hoy a sumas descomunales que el sindicato del gremio pretende obtener en un corto tiempo, sin importarle de donde sacaría el Gobierno tan descomunal cantidad de dinero. El haberse fijado el sueldo de los magistrados de los Tribunales, en diciembre del 2011, en un 80% del de las Cortes, agitó el cotarro y está al origen del paro actual, ¿por qué a los funcionarios de la rama no se nos hace una asignación porcentual parecida? En un país con una mayor responsabilidad ciudadana no se debería haber llegado al extremo de una huelga que ya dura casi un mes, con los traumatismos que esto causa, especialmente cuando nuestra administración de justicia adolece de los defectos que todos conocemos, especialmente el de la morosidad de los jueces para decidir, lo que les genera poquísima simpatía de la opinión pública. Existe una norma constitucional que prohíbe la huelga en los servicios públicos esenciales (Art. 56) la cual el gobierno tardó 20 días en invocar y no ha encontrado jueces que quieran aplicarla con el pretexto de estar impedidos. Igualmente este gobierno, por naturaleza componedor y probablemente sintiéndose culpable por no haber incluido un reajuste en el presupuesto del 2013, no ha querido declarar la emergencia judicial, para lo que tendría que declarar un estado de conmoción interior, como hizo Álvaro Uribe en 2008. Algo de justicia hay en las peticiones de los funcionarios judiciales pero esto no debe llevar al extremo de querer parte de Asonal, como hoy día, que, además de que se les pague el tiempo no trabajado (ya se les concedió), se les asignen 3 billones de pesos (¡$3.000.000.000.000!). Al detectar debilidad en el gobierno incrementaron sus pretensiones a esta suma cuando inicialmente habían pedido $ 500.000 millones menos. En un país pobre como es Colombia existen muchas inequidades pero no todas se pueden subsanar simplemente decretando, a diestra y siniestra, incrementos de sueldos, viviendas y servicios públicos gratis, todas estas, erogaciones que deberán pagarse sea con aumento de impuestos que asfixiarían la economía o emitiendo dinero, lo que produciría una inflación desbordada de la que los mayores perjudicados serían los más débiles económicamente. Miremos las causas de la crisis griega.