A millones de campesinos, ganaderos, cultivadores de pan coger, labriegos y pequeños empresarios en agroindustria, aún, después de ocho años, no les devuelven sus tierras.

De 2,5 hectáreas de tierras robadas a sus propietarios por terratenientes del crimen organizado, terratenientes y guerrillas, se han restituido cerca de 350 mil hectáreas.

Menos de 400 mil víctimas han recuperado sus parcelas,  la mayoría, minifundios.

La Unidad Especial de Restitución de Tierras, quiere, pero no puede. Carece de músculo financiero para ejecutar.

Es una deuda social que el Estado aún no repara.

Es la reparación de víctimas de la violencia paramilitar y guerrillera.

Es la esencia social de una reforma agraria.

Gobierno y Congreso tienen una responsabilidad histórica con familias que fueron sacadas a la fuerza de sus predios.

Ejecutivo pudo aprovechar el Plan Nacional de Desarrollo para darle cuerpo financiero a la restitución.

Congreso podría legislar con prisa a favor de propietarios desplazados.

Es preciso madurar finalmente la tan anhelada reforma agraria.

Una reforma agraria que cuente con sus campesinos y que permita a quienes fueron despojados de sus propiedades, volver a ellas.

Un sistema especial de tierras que garantice tenencia, explotación, comercialización y sostenibilidad económica.

Con herramientas efectivas que permitan a quienes fueron forzados a abandonar sus terruños, regresar y trabajar.

Restitución de tierras no es un regalo del Estado a campesinos. Es obligación darles todo lo que les quitaron a la brava, con amenazas y muertos.

La Justicia Especial de Paz, JEP, debería haber dado pasos en esa dirección. La reparación de víctimas debe ser global, solidaria con todos y eficaz.

El país de la paz se construye con gestos de reparación y reconciliación.

Y a millones de familias que forzaron a dejar sus tierras, hay que darles lo que les pertenece.

Reincorporación de víctimas de la guerra a la vida productiva del país, inicia cuando saldemos sus deudas.

Más de 2 millones de hectáreas deben retornar a manos de sus legítimos dueños.

Son tierras improductivas hoy, que bien podrían reiniciar faenas de producción.

Sector rural colombiano necesita absorber una alta demanda de empleo.

La manera más rápida para contratar mano de obra y empujar agroindustria, crédito agropecuario, cosechas y aumento del consumo en pueblos de influencia rural, es poniendo a producir esas tierras.

No menos de 500 mil personas necesitan y quieren trabajar en el campo.

Sin embargo, el crecimiento del sector agropecuario no garantiza hoy ese empleo.

Ligado a restituir tierras está la reducción del desempleo campesino.

Pequeños propietarios con extensiones de 2 a 5 hectáreas apuestan a ser emprendedores. Pequeños exportadores que requieren crédito oportuno y negociar deudas.

Hay que repotenciar el Banco Agrario, ponerlo a disposición de labriegos. Su capitalización ayudaría a productores que no tienen manera de pagar sus deudas.

También es urgente dar celeridad y trasparencia a la titularización de tierras.

Legalizar titularidad de tierras para entregarlas a sus reales dueños.

Restituir la tierra, un gesto de paz.