A raíz de la próxima reglamentación por parte del Congreso de los acuerdos entre Gobierno y Farc, y como la Corte Constitucional ha sostenido que no puede depender de una autorización del Ejecutivo para rechazar o modificar un proyecto de ley que éste le presente, vuelve a surgir el argumento de la paz: quien no esté de acuerdo con las propuestas del gobierno es un belicista, un enemigo de la paz que prefiere que sigan muriendo humildes campesinos, sean esto guerrilleros o soldados.

La paz, dicen, es un bien supremo, un derecho inalienable y toda concesión que se haga a los subversivos para alcanzarla es justificada. El fin justifica los medios. Así se excusa la impunidad para quienes haya cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad. ¿Cómo entender que los colombianos no vean las ventajas evidentes de vivir en paz? escribía un destacado columnista. Claro que los colombianos saben cuáles son las ventajas de vivir en paz, pero también saben que la paz, ese “bien supremo” que tanto exalta el Presidente, no tiene valor cuando se alcanza a cambio de claudicar sobre los principios básicos de la ética y de la democracia.

Una paz a cambio de la impunidad para una banda de bandidos; de modificar la Constitución y las leyes de acuerdo con ellos y pasando por encima de los principios democráticos, cual es el de la representación proporcional en el órgano legislativo; crear un sistema judicial paralelo al existente, nombrado por extranjeros y que aplicará leyes que esos mismos jueces crearán sin que sepamos cuáles son, lo que en la práctica significa considerar nuestra legislación como inoperante; dar poderes extraordinarios al Presidente que recuerdan las leyes “habilitantes” de Maduro.

En otras palabras, revolcar la estructura jurídica del país en connivencia con 6000 secuestradores, extorsionadores, terroristas, narcotraficantes, no se justifica para lograr un acuerdo con esos maleantes. Esto significa ceder a una extorsión: dejo de matar y delinquir a cambio de que me den las ventajas antidemocráticas que quiero. Mañana una banda de atracadores de la Perseverancia o las comunas de Medellín podrá pedir concesiones semejantes para dejar de asesinar ciudadanos y policías y el gobierno considerará justificado el concedérselas en aras del bien supremo de la paz. La justificación es la misma que la de los acuerdos de Cuba.

Los colombianos no se tragan enteros los sofismas oficiales y saben que ellos no son enemigos de la paz. Por eso votaron negativamente el abusivo plebiscito y los congresistas votarán las leyes propuestas con libertad de conciencia. Como dijo el exministro Pinzón, las críticas a los acuerdos “no pueden ser vistas como ataques a la paz”, son “aportes buscando que sean convenientes para la mayoría de los colombianos.”