El pasado 31 de marzo la directora el Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero, lanzó en el municipio de Génova, Quindío, la nueva misión de descentralización en Colombia. Tiene como objetivo elaborar y presentar en un plazo máximo de 18 meses “las iniciativas constitucionales y legislativas para ordenar y definir la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales señaladas en el artículo 286 de la Constitución Política.” La misión, promovida por los departamentos, fue introducida en medio de las negociaciones parlamentarias con el gobierno Santos en el accidentado trámite de la Ley de Regiones No. 1962 de 2019. Su último debate y sanción correspondió al gobierno Duque.
En un país donde la descentralización ha sido elemento fundamental del ideario político a lo largo de su vida republicana, sin duda la nueva misión -la anterior fue en 1992- genera grandes expectativas. Además, hay temas aplazados y nuevos que requieren atención. El avance descentralista de la Constitución de 1991 constituye un hito en este proceso. Sin embargo, no ha sido suficientemente desarrollada y en lo que va del siglo XXI se han generado ciertos retrocesos. ¿Se logrará avanzar en esta ocasión? es pregunta obligada, dadas las dificultades que su desarrollo ha tenido en el pasado.
En Colombia ni la movilidad social ni la territorial pueden seguir teniendo obstáculos insuperables. A nivel territorial el 90% de los municipios se encuentran desde hace décadas en la categoría de básicos -5 y 6-. Y según reciente informe de la OCDE salir de la pobreza a una persona le toma once generaciones. Es una muestra de la desigualdad social económica y territorial que la misión de descentralización deberá contribuir a resolver.
Aunque la misión comenzó con retardo, seguramente entre afanes y a cuatro meses de terminar el mandato del actual gobierno Duque, pues según lo previsto por ley debió instalase a más tardar en diciembre de 2019, ello no le quita su necesidad e importancia, pero afecta su eficacia y convocatoria de manera transitoria. Además, se debe considerar que estamos en un momento político electoral trascendental por el próximo cambio de Congreso y la elección del presidente de la República; y cobra relevancia lo que se está planteando desde las distintas campañas en materia de descentralización y desarrollo territorial.
De otro lado, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que la pandemia del covid-19 cambió de manera importante la visión y la necesidad de mejorar las relaciones intergubernamentales, pues aumentaron las tensiones y dificultades en la articulación entre el nivel nacional y las municipalidades. Además, esta realidad global y sobre todo en América Latina mostró cómo municipios y grandes ciudades respondieron a ciertos desafíos, requiriendo contar con nuevos instrumentos.
El próximo gobierno nacional deberá abordar con decisión el compromiso de avanzar con la misión de descentralización, seguramente haciendo los ajustes que se requieren para armonizarla con las nuevas prioridades gubernamentales. Es una gran oportunidad y hay que reconocer el impulso que le quiere imprimir el DNP de la mano de las organizaciones que asocian a los municipios, las ciudades capitales y a los departamentos. Claro, articulando de manera fundamental la participación ciudadana y de todos los sectores económicos, académicos y de la sociedad civil.
@Fer_GuzmanR