La inseguridad ciudadana es tema que usualmente ocupa los primeros lugares en la agenda pública del país y sobre todo de las grandes ciudades. No obstante, las distintas medidas adoptadas durante las últimas décadas y de que el sector defensa y seguridad es uno a los que se le asignan más recursos en el presupuesto nacional, pocas veces ha descendido como pasó hacia finales de los años 90 con el homicidio o en 2017 tras la firma del acuerdo de paz con las Farc. Hoy se encuentra de nuevo en primer lugar y el 96% de los encuestados consideran que la inseguridad ha empeorado. (Invamer-9/21).

Así, de nuevo nos encontramos ante una cascada de propuestas de reforma para atender, casi que, de manera reactiva, el recrudecimiento de las violencias urbanas y el inusitado aumento de la criminalidad. Y, como en otras ocasiones, los debates sobre polémicas medidas puntuales evitan la necesaria mirada amplia y estructural del problema. Además, hay un aspecto que obstaculiza el debate sobre cambios en la seguridad ciudadana, como es el de señalar, para descalificar otros enfoques, un supuesto riesgo de politización de la seguridad, inclusive de la policía.

Sin embargo, es inevitable considerar en estas materias que la política conduce al enfoque y el enfoque conduce a la política. Entonces, un aspecto sustancial de la seguridad es la política. En este sentido, el péndulo oscila entre las concepciones más conservadoras de control y orden basados en el fortalecimiento de la represión y sus dispositivos institucionales -reforzados por concepciones como el enemigo interior y la guerra contra el terrorismo-; y la seguridad como un derecho garantizado con base en la prevención, el ejercicio de la ciudadanía y mayor inversión y política social, desde las concepciones progresistas.

Y no se puede perder de vista que los debates que suscita tienen un efecto sobre la gestión de la seguridad, sobre todo cuando esta requiere coordinación entre distintos niveles territoriales de gobierno en un Estado social de derecho, descentralizado y con autonomía de sus entes territoriales como se precia de ser el nuestro.

En este sentido, hay que considerar que los alcaldes de algunas grandes ciudades se hicieron elegir con propuestas de política de seguridad ciudadana que en su momento se podrían considerar más progresistas frente a la más conservadora del gobierno nacional. Y que, en el complejo contexto de la respuesta a la protesta social, el manejo de la pandemia y ahora ante lo desbordado de la criminalidad, el gobierno central aumentó la presión para imponer su visión sobre la de algunos de estos mandatarios como en el caso de Medellín, Cali y Bogotá, quienes de una u otra forma terminaron cediendo y han visto reducida su poca gobernabilidad sobre el tema. Y hoy, junto al presidente, han caído en las encuestas en parte por el mal manejo de la seguridad.

Finalmente, no se debe perder de vista que por el nivel de violencia que están alcanzando delitos como el hurto se puede observar que nos encontramos ante una reconfiguración del crimen que tiene elementos de control territorial y de estructuras criminales. Y esta situación podría interferir el debate electoral del 2022 en los grandes centros urbanos del país.

@Fer_GuzmanR