La guerra y el derecho | El Nuevo Siglo
Miércoles, 3 de Abril de 2019

El estudio lógico del Derecho Internacional Público lleva a concluir que el derecho surge del conflicto entre  la guerra y la paz. Es mejor prevenir que tener que lamentar;  se reflexiona a raíz de la polémica  generada por  el comentario de la semana pasada, en el cual se sostuvo que objetar el Estatuto de la JEP es incomprensible para Tirios y Troyanos. La Ley del Talión, consagrada en el Código de Hammurabi, es la expresión del ánimo de la venganza o retaliación que dio origen a la teoría del derecho. 

Un antecedente acerca de la necesidad de regular las relaciones entre las gentes es la proclamación universal del ius cogen, esto es, protección fundamental de los derechos a la convivencia, la paz y la concordia entre los pueblos. Declaración contenida en los pactos internacionales de paz, predicados inteligentemente.

Históricamente se destaca el Pacto de Paz de Westfalia, 1648, del cual surge una reglamentación que da origen a la noción de Estado y, además, a condenar todos los actos bélicos que den lugar a las guerras entre los pueblos. La libertad religiosa es uno de los principios acordados como esenciales, habida cuenta que se sabía eran las restricciones de este género una de las causas de los conflictos vividos durante l00 años.

 Este acuerdo de paz, en Europa, se puso en tela de juicio en 1912, antecedente de la primera guerra mundial y creció en el periodo de la segunda. Estos episodios condenados dieron lugar a tratados universales ahora vigilados por las organizaciones internacionales, tales como la ONU y la OEA, en términos comprensibles por todos en todas las lenguas.

El Acuerdo de Paz celebrado en Colombia apunta a establecer una actuación judicial que asegure la vigencia y respeto a los derechos humanos, obviamente, sin apelar a la ley del Talión, puesto que si se reviven los recuerdos del pecado, como lo fue la masacre de La Rochela, difícilmente se podrá perdonar lo que los grupos paramilitares generaron y de la misma manera los crímenes que la insurgencia cometió, como la masacre de la Chinita.

Recuérdese que el gobierno de Barco solicitó a la Procuraduría una investigación acerca de la vinculación de los militares con los grupos  de paramilitares en el Magdalena Medio, la investigación se hizo, pero sus resultados nunca se tuvieron en cuenta, por el contrario, se tomaron retaliaciones por la información rendida al respecto. Esa es la indisposición que ahora se tiene para descubrir la verdad, consolidar la paz y el respeto a los derechos humanos.

Hay un retroceso peligroso, una actitud que va a influir en la próxima elección de las autoridades territoriales, lo mismo que sucedió durante el gobierno del abuelo de la Paloma: el fracaso de la paz propendida por Alberto Lleras Camargo, encargada en 1958 al Tribunal de Gracia. Esto lo pronostiqué en el comentario del 13 de septiembre de 2016 en  El Nuevo Siglo.