Concluyó el encuentro regional de Quito sobre la compleja problemática de la emigración venezolana con una declaración de voluntad de los países participantes, que manifestaron seguir acogiendo emigrantes con un sentido de “hermandad” y “solidaridad” para las sociedades receptoras. Aunque en el encuentro participaron 13 países, solo 11 firmaron la declaración porque República Dominicana lo hizo con carácter de observador y el representante de Bolivia no quiso estampar la firma, como era de esperarse.
Del mismo modo, en tal declaración los Estados exhortaron al Gobierno de Venezuela a que acepte la cooperación de los gobiernos de la región y de los organismos internacionales, con el fin de atender la situación de sus respectivas comunidades establecidas en su territorio.
También se solicita a las autoridades del hermano país adoptar “de manera urgente y prioritaria” las medidas necesarias para la provisión de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales, como cédulas, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y certificados de antecedentes reales. El fin de estas exigencias es la de garantizar la seguridad de los migrantes, evitar el tráfico de personas, la violencia social y la xenofobia en las regiones de acogida.
Mientras se desarrollaba el encuentro, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó crear un “puente aéreo” para traer a los venezolanos que se han cansado y quieran regresar a su terruño”. Y luego agregó que en países como Colombia, Ecuador y Perú, a donde han llegado miles de venezolanos, “se está desarrollando una campaña de odio, de persecución, de desprecio, xenofobia, contra el pueblo de Venezuela”. Eso desde luego, no es cierto; es la esperada manera de descalificar la Declaración de Quito porque sabe que la situación dramática de los migrantes pone al descubierto la grave crisis que afronta su país y que ha terminado por desequilibrar su régimen oprobioso.
De todos es conocido que este complejo problema está desbordando la capacidad interna de los Estado vecinos para afrontarla, como ha sido el caso de Colombia, que es el principal receptor. Su dimensión ha superado la de los sirios en Europa. Por ello se requiere de una sinergia entre los países receptores, Acnur, OIM, la OEA y demás agencias humanitarias del Sistema de las Naciones Unidas.
Unido a este esfuerzo multilateral, también se requiere del apoyo resuelto de los venezolanos con capacidad económica que tuvieron que salir al exterior. Ellos deben ayudar a construir un fondo de cooperación y solidaridad.
Así ocurrió con el abuelo materno del líder opositor Leopoldo López Mendoza, Eduardo Mendoza Goiticoa, quien fuera ministro de agricultura en el gobierno interino de Rómulo Betancourt en 1945. Mendoza estuvo al frente del Instituto de Inmigración del vecino país que promovió y abrió las puertas al ingreso de ciudadanos de Europa desplazados por la segunda guerra mundial. Su tarea fue tan positiva que algunos consideran que constituye uno de los antecedentes de la creación de la Acur por parte de la ONU.
Recordemos que Leopoldo López Mendoza es descendiente de una sobrina de Simón Bolívar y de Cristóbal Mendoza, el primer presidente de Venezuela, quien estuvo refugiado en Colombia en 1812.